FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | La Ley y la trampa | Francisco Pomares

Los servicios jurídicos del Parlamento forzaron la retirada de la enmienda del Gobierno que pretendía introducir a propuesta de la Federación Canaria de Islas una modificación a la Ley de Cabildos de 2015.

Los servicios jurídicos del Parlamento forzaron -este pasado lunes, en la Comisión de Hacienda de la Cámara- la retirada de la enmienda del Gobierno que pretendía introducir a propuesta de la Federación Canaria de Islas una modificación a la Ley de Cabildos de 2015, por la puerta falsa de la ley de acompañamiento presupuestario. El objetivo de la enmienda era devolver a los presidentes de los Cabildos la capacidad de nombrar a dedo a los directores insulares, en vez de recurrir al procedimiento de selección por méritos que se establece en la ley. Una intención socialmente muy contestada, pero frente a la que los partidos del ‘pacto de las flores’, algunos a regañadientes, decidieron hacer piña con el PSOE, firme partidario del cambio.

Los servicios jurídicos dictaminaron que la propuesta no puede realizarse utilizando una enmienda presupuestaria dado que el asunto carece de entidad económica, y no está relacionado ni con los ingresos ni con los gastos de la Comunidad Autónoma. Es la misma tesis que ha sostenido en reiteradas ocasiones el Constitucional, que ha sentenciado contra las modificaciones legales realizadas por el Estado y las Comunidades Autónomas, por vía de su incorporación en las leyes presupuestarias, a pesar de carecer de entidad económica. Pero tampoco está claro que el asunto pueda modificarse por otros mecanismos, ya que podría chocar frontalmente con la ley de bases de régimen local.

Tras producirse la calificación negativa de los servicios jurídicos, la ponencia decidió el martes la retirada de la modificación propuesta por los presidentes de los Cabildos Insulares, pero -a pesar del alivio de Nueva Canarias y Podemos- el PSOE no ha dado su brazo a torcer? Quieren los socialistas que los directores insulares puedan ser nombrados directamente y sin concurrencia por los presidentes de los Cabildos, al entender que se trata de cargos de confianza. Pero es que es precisamente el cambio de consideración como personal de confianza lo que persigue la filosofía en que se inspira en esta materia la ley de bases. Por supuesto que la ley plantea una limitación a los nombramientos digitales, para lograr -entre otras cosas- una mayor profesionalización e independencia de los directores insulares en el desarrollo de sus funciones. Lo razonable, de hecho, sería avanzar en esa filosofía y que en el futuro también en las administraciones regionales y del Estado prevalezca la independencia política de los niveles medios de la Administración, como hoy ocurre en los países europeos con mejores índices de gobernanza. El modelo francés, con una Administración independiente, acostumbrada a ponerse sin estridencias al servicio de políticas de distinto signo, contribuye a la estabilidad del sistema y al prestigio de la función pública. Aquí no podemos ser diferentes porque sí. Es cierto que sería demagógico -y probablemente ineficaz- pedir que los cambios se produzcan ya y afecten a la totalidad de los cargos directivos. Pero lo que no tiene sentido es retroceder en lo que ya se ha avanzado. No podemos hacer las leyes para luego hacer las trampas.

Afortunadamente Canarias no es la actual Cataluña. Aquí se acata que en el Estado de Derecho, los informes de los letrados del Parlamento -técnicos independientes, por cierto, elegidos por sus méritos- deben ser respetados y aceptados. Me pregunto si habrían informado igual si los hubiera colocado en su puesto el dedo de un político.

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