FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | Renta ciudadana | Francisco Pomares

El reformado Estatuto de Autonomía de Canarias, en su artículo 24, establece el derecho de las personas que se encuentren en situación de exclusión social a acceder a una renta de ciudadanía en los términos que establezcan las leyes. La Ley de Servicios Sociales pone además fecha al encargo del Estatuto: deberá hacerse a finales del año que viene. Por eso, los partidos integrantes del Pacto de las flores, que hoy conforman el Gobierno regional, acordaron en su documento programático, de 22 de junio de este año, instaurar esa renta por Ley, y hacerlo de manera urgente, para «sufragar los gastos básicos de quienes se encuentran en situación de pobreza o de vulnerabilidad económica». Ese compromiso fue también refrendado por Ángel Víctor Torres en su discurso de investidura como Presidente del Gobierno, y recordado este lunes pasado por el mismo Torres, durante unas jornadas sobre la renta ciudadana celebradas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Torres quiere que la renta ciudadana brinde apoyo institucional a las familias empobrecidas que no logran llegar a fin de mes, y se comprometió a que la nueva prestación sea operativa antes de final del próximo año. A eso es a lo que obliga la ley, y para poder cumplirla, los Presupuestos de la Comunidad Autónoma contemplan ya 25 millones de euros en la casilla destinada a la ayuda. No es suficiente para financiar una asistencia que -se dijo- debía alcanzar hasta a 60.000 personas, pero es un comienzo.

Lo que ocurre es que quizá no sea suficiente con hacer un apunte presupuestario en la casilla correspondiente. Para empezar hay que definir el modelo a seguir, y ese trabajo dista mucho de estar avanzado, de hecho, las jornadas de la ULPGC son más bien un punto de partida, preliminares al necesario debate sobre lo que se espera conseguir. Tanto Torres como Noemí Santana son muy optimistas sobre la implantación en tiempo del sistema, que requiere necesariamente de la tramitación de una ley -con carácter urgente- y de la creación de los mecanismos burocráticos que permitan la adjudicación y reparto de las ayudas. Sin embargo, los técnicos responsables de poner en marcha el sistema son bastante menos optimistas que los políticos: saben que sacar una ley compleja como ésta en un año es hacerlo en tiempo récord, y que crear el sistema para establecer quienes recibirán las ayudas y quienes no, es algo imposible de acometer en ese tiempo. Por eso, la viceconsejera de Derechos Sociales, Gema Martínez, se ha mostrado partidaria de ‘testar’ la futura renta por la vía de ampliar en 2020 las dotaciones y cobertura de la Prestación Canaria de Inserción, para que pase de las 6.000 peticiones que hoy atiende a 12.000. Según Martínez, eso permitiría estudiar los impactos sociales y económicos de la aplicación de la renta.

En realidad, se trata de una operación de marketing: cambiarle el nombre a la PCI, y activar los trámites para incorporar más gente. Como operación política es un poco descarada, pero al personal al que llegue la ayuda por primera vez le va a dar igual como la denomine el Gobierno. Lo importante es no dejar a nadie fuera, y conseguir repartir los 25 millones que se han consignado entre quienes más lo necesiten. Lo otro es discurso y folclore político. Espero que no pierdan mucho tiempo en eso.

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