Después de la mala noticia que supuso al rechazo de los alcaldes a ceder al Gobierno parte de sus recursos por IGIC, para que sean destinados a gasto social, el Consejo aprobó ayer, en una sesión extraordinaria, sus presupuestos para 2020, claramente expansionistas (con un aumento del gasto del 2,7 por ciento) y con una declarada vocación social. Por desgracia, las cuentas de 2020 -a pesar de su aparente vistosidad- pueden acabar siendo un mero artificio, un brindis al sol: las previsiones macroeconómicas de crecimiento se sitúan en el presupuesto por encima de lo que probablemente vaya a ocurrir en este año de recesión alemana, brexit, crisis turística, reducción del consumo y guerras arancelarias, con lo que los ingresos no responderán probablemente a las expectativas. Es verdad que las promesas de los partidos del pacto de las flores en campaña quedan ya lejos de lo que se ha incorporado al presupuesto, pero aún así, es difícil creer que las previsiones puedan llegar a cumplirse. Los presupuestos incorporan más recursos para Sanidad, Educación y Políticas Sociales, e incorporan el incremento destinado a mejorar la dotación de personal, reasignando unos 130 millones de euros, de los que 60 se le quitan a ayuntamientos y cabildos, pero no a cuenta del reparto del IGIC, sino reduciendo la aportación del Gobierno al Fondo de Desarrollo de Canarias.
De hecho, estamos viviendo el inicio de una profunda crisis fiscal que va a afectar a todas las instituciones y corporaciones públicas de nuestro país, una crisis fiscal no sólo fruto de la caída de la economía, ya evidente, sino también del exceso de gasto. La Comisión Europea remitió el martes un escrito al presidente Pedro Sánchez -vía Ministerio de Hacienda- reprendiendo a su Gobierno porque las cuentas públicas españolas corren el riesgo de una desviación muy significativa en relación con los planes del Gobierno y a los objetivos de déficit suscritos por España con Bruselas. La Comisión recuerda a Sánchez su compromiso de realizar ajustes por 6.600 millones de euros en los presupuestos de 2020. Bruselas recuerda que España debería haber acometido un ajuste estructural (el que se calcula al margen de la situación de la economía), de hasta un 0,65 por ciento del PIB (el realizado ha sido seis veces menor, de un 0,10 por ciento, y un aumento del gasto que no superara un máximo del 0,9 por ciento, cuando el realmente realizado está cerca del cuatro por ciento. Una situación muy complicada. Y para Canarias, una región en la que el gasto público es un componente determinante del PIB, más aún.
Porque, en plata, lo que estos datos apuntan es que si Sánchez sigue al frente del Gobierno (y si no, es muy posible que también), Canarias no recibirá -por ejemplo- los fondos para carreteras, con toda seguridad se reducirá la financiación y se exigirá al Gobierno regional y a cabildos y ayuntamientos un estricto cumplimiento de la regla de gasto, que -si se combina con una recaudación menor de la presupuestada- podría resultar incompatible con la aplicación de un formato creíble de agenda social, por raquítico que sea.
En realidad, esto apunta mal. Tenemos unos presupuestos expansivos, y una realidad económica y fiscal que apunta justo en la dirección contraria.
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