La democracia, esa cosa que tanto gusta a los “demócratas” independentistas catalanes y que usan de forma arbitraria cuando más les interesa, se hace patente de muchas formas, una de ellas es el respeto a la Constitución española, Ley de Leyes y que ampara el funcionamiento del Estado de derecho español.
No encontramos ante una situación esperada por todos, sabíamos muy bien que la turba independentista iba a tomar las calles de toda Cataluña como protesta a la sentencia del juicio a los delincuentes políticos catalanes inmersos en delitos de sedición y malversación.
La sentencia, conocida por todos, no es desorbitada sobre todo si hacemos una comparativa entre delitos, delincuentes y daños colaterales del hecho cometido.
Echemos un vistazo a las sentencias pronunciadas por la justicia española en los últimos años:
Pena de prisión 5 años por robo de un bolso (conocido como el tirón) a un joven sin reincidencia.
Pena de prisión de 3 años por estafa de 3.500 € en la empresa donde trabajaba.
Pena de 7 años de prisión por malversación de caudales públicos (Ayuntamiento).
Pena de 4,6 años de prisión apropiación indebida (caso tarjetas black).
Si tenemos en cuenta que las condenas por sedición, que el Código Penal regula la sedición en su artículo 544, donde contempla una pena de hasta 15 años de cárcel para quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes», o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».
La condena por sedición oscila entre los 4 y los 15 años. El castigo menor (de 4 a 8 años) puede aplicarse a cualquier ciudadano que cometa este tipo de delito. Pero, si han ejercido como líderes de la revuelta, esta pena puede elevarse de 8 a 10 años. El tramo de pena más alto, de 10 a 15, se reserva para las autoridades que incurran en este alzamiento público y tumultuario.
Lo sucedido en Cataluña el 1 con el referéndum ilegal y el 27 de octubre de 2017 con la declaración unilateral de independencia y la proclamación de la República catalana, no fueron unas anécdotas para contar a los nietos, fueron actos de sedición de una autonomía del Estado español.
La justicia, una de las patas del trípode que sostiene la democracia, tenía que funcionar ante hecho de tamaña gravedad, máxime cuando se secuestra la voluntad de la mayoría del pueblo catalán en favor de una minoría de catalanes secesionistas.
No hace falta ser jurista para interpretar que el juicio a los delincuentes políticos catalanes ha contado con todas las garantías procesales para los acusados y en la sentencia (según expertos, modélica) se argumentan las condenas de forma que no cabe ni siquiera el derecho al pataleo.
Aquí y en cualquier estado de derecho, el que la hace la paga, o por lo menos debiera ser así, y si el que la hace es un político que nos representa y de per se tiene que ser un ejemplo y el primero en respetar las leyes, la condena tiene que ser aún más contundente que si de un ciudadano común se tratara.
Puigdemont sabía muy bien a lo que se arriesgaba al cometer el acto de sedición y por eso huyó.
Acatar la sentencia del Tribunal Supremo sobre Oriol Junqueras y sus cómplices, es un acto democrático y un deber de todos nosotros, los unos y los otros.
Atentar contra la integridad del Estado español no es algo baladí, va directamente en contra de la convivencia de todos los españoles, de las libertades de los ciudadanos de Cataluña.
La sentencia llamada “del procés” es una sentencia modélica.
Nadie puede tener patente de corso para hacer lo que le dé la gana, todos tenemos el deber de acatar las leyes, nos gusten más o menos, pero sin unas directrices por donde caminar por el sendero de nuestra vida, este mundo se convertiría en una selva donde el sálvese el que pueda sería la consigna a seguir.
La sentencia del Tribunal Supremo se debe acatar por todos y el que no lo haga, el que se oponga con violencia, aquellos que participen en algaradas y protestas, que alteren el orden público y pongan en peligro la seguridad ciudadana deberán tener en cuenta que la ley la tenemos que cumplir todos.
No obstante, los 13 años de condena de Oriol en su cumplimiento no llegará a estar más de 5 años en prisión, quizás lo peor sea la inhabilitación para ejercer cargos públicos para siempre.
Al César lo que es del César…
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