FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | A Babor | El final de la escapada | Francisco Pomares

Salvador Alba, el juez de la Audiencia de Las Palmas responsable de una operación de desprestigio contra la diputada Victoria Rosell, que fue suspendido en sus funciones desde mediados del año 2018, ha sido condenado en primera instancia a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, además de tener que indemnizar con 60.000 euros a la diputada de Podemos. El TSJC ha considerado que en su afán por perjudicar a la que fuera su compañera en la magistratura, el juez cometió los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, aunque el tribunal le ha absuelto de los cargos de negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos.

La sentencia considera probado lo que era evidente para la mayoría de los que se acercaron alguna vez a este esperpéntico caso: que el juez urdió una operación para destruir la carrera política y judicial de la entonces diputada Rosell, aprovechando que la había sustituido al frente del Juzgado de Instrucción número 8. Alba se reunió en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en marzo de 2016, con el empresario Miguel Ángel Ramírez, investigado por fraude fiscal, e intentó convencerle para que implicara a la jueza en un falso intento de connivencia con él. Alba quería demostrar que la jueza había actuado de forma intencionadamente poco diligente con Ramírez, en la investigación del fraude fiscal del que estaba acusado, para compensar así que Ramírez, años atrás, había comprado al compañero de la jueza, el periodista Carlos Sosa, una licencia de radio. Para lograr la colaboración de Ramírez, Alba le amedrentó primero con una fianza estratosférica, y le ofreció después tratar con cariño sus asuntos. Ramírez, perro viejo, grabó la conversación con el juez en su despacho, la filtró a los medios y la lío bien parda, abriendo con ello una cadena de acontecimientos que dejaron a la justicia grancanaria a la misma altura del betún, y que concluyen provisionalmente (la sentencia es recurrible ante el Supremo) con este monumental varapalo al juez más polémico de los últimos años.

Alba intentó en este tiempo implicar a media ciudad de la Justicia en su personal conflicto, montó una defensa sicalíptica e implicó en su defensa al antiguo lugarteniente de Ramírez, Héctor de Armas, enfrentado ahora a su antiguo jefe. Pero todas esas acciones sólo sirvieron para ir aislándolo paulatinamente de su medio natural -el mundo de los juzgados- y enfrentarlo a sus compañeros, poco dados a cultivar la exposición pública y menos en situaciones escandalosas. Alba remató su escapada con una abracadabrante ultraderechización -ya no esconde su proximidad y simpatías por Vox- que han convertido al juez en una caricatura de sí mismo. Es difícil saber cómo responderá el Supremo a su previsible recurso, pero a Alba, pase lo que pase, entre o no en prisión al final, le ha ocurrido exactamente lo que él quería endosarle a Victoria Rosell, probablemente por hacer méritos ante el ministro que la había denunciado como «protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Canarias». Es ahora la carrera de Alba como juez la que está liquidada. Es su prestigio personal el que se ha volatilizado. Y luego está la cárcel, ahí a la vuelta de la esquina.

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