FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Venta ambulante, falsificaciones | Salvador García Llanos

Los problemas de la venta ambulante y los derivados de la falsificación de productos ya son insostenibles. Se suceden las noticias sobre incidentes de gravedad en las localidades -especialmente, las costeras- donde se practica. Hasta un policía municipal ha sido apuñalado en una playa de Punta Umbría (Huelva). Y en Barcelona se han registrado desórdenes e incidentes desde que las autoridades locales se han visto desbordadas para ordenar y contener en vías céntricas el fenómeno que se conoce como ‘top manta’.

El caso es que, según se va sabiendo, tanto la venta callejera como la de falsificaciones están muy relacionadas con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las actividades ilícitas. La Oficina de Propiedad Intelectual (EUIPO) de la Unión Europea (UE) llega a hablar de una lacra que supone más del 3,3 % del comercio mundial, en tanto que Interpol cifra las ventas fraudulentas en más de doscientos veinte mil millones de euros. Para echarse a temblar. Mejor dicho: para hacernos una idea de lo que se mueve, de lo que está en juego y de la dimensión que adquiere el problema.

En nuestro país, las cosas se complican. Casi siempre resultaron insuficientes las medidas adoptadas para regular o controlar la venta ambulante. Los propietarios y empleados de empresas de toda condición, así como los vecinos de los entornos donde se concentran los vendedores, se quejan no solo de la proliferación sino del daño directo que causan a sus intereses.

El ministerio de Industria, Comercio y Turismo puso en marcha el pasado mes de diciembre la denominada Mesa contra el Intrusismo, una prueba de querer mitigar -porque no se puede más- el galopante fenómeno de la venta ambulante ilegal. El objetivo de la iniciativa es la coordinación de los sectores público y privado para prevenir y eliminar conductas que vulneren los derechos de propiedad intelectual, es decir, la situación de la venta ilgeal en España. Ello, entre otras medidas, habría de fructificar en la elaboración de un Plan Nacional contra las falsificaciones. Urge, sencillamente.

No olvidemos que los ayuntamientos, en el marco de la autonomía municipal, también disponen de las ordenanzas de regulación del espacio público para perseguir la venta ambulante. La experiencia indica que las buenas intenciones chocan con la realidad: se puede tener ordenanza, de acuerdo. Y luego, policía local, más o menos especializada, que intenta aplicarla, con un efecto claramente disuasorio. Produce las intervenciones y hasta se incauta de la mercancía en venta o de parte de ella. Pero luego, no hay más consecuencias porque en los trámites administrativos posteriores, orientados principalmente a sanciones, se choca con imponderables: o no hay negociado o no hay personal o si lo hay no cumple en los plazos que debería hacerlo, esto es, con la celeridad debida para que los afectados comprueben que no pueden seguir ejercitando en la vía pública.

Autenticiudad era el nombre de una iniciativa puesta en marcha conjuntamente por la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema), la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para abordar este problemas y sus consecuencias. Porque se trata de la imagen de la ciudad o del destino, de la sensibilidad ante el comercio, de la información y concienciación de la ciudadanía, de la formación y pericia de la policía municipal así como de la persecución y observancia de presuntos delitos de la venta de falsificaciones. No sabemos qué suerte habrá corrido la iniciativa.

Pero algo hay que hacer. Los últimos acontecimientos así lo requieren.

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