FIRMAS Francisco Pomares

OPINIÓN | A Babor | El ‘mundo al revés’ de Salvador Alba | Francisco Pomares

En medio de un cambio de gobierno que se materializa tras veintiséis años de presidencias ininterrumpidas de Coalición Canaria, las vicisitudes judiciales del magistrado Salvador Alba han pasado a un segundo plano en la atención mediática. El mismo día en que Ángel Víctor Torres se convertía en presidente del Gobierno de Canarias, el Tribunal Superior de Justicia concluía, tras cinco sesiones, el juicio contra el magistrado de la Audiencia de Las Palmas, al que se atribuyen delitos de prevaricación judicial, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento oficial y revelación de secretos. Una tira de asuntos por los que se piden hasta 13 años de prisión. La Fiscalía considera demostrado que Alba llevó a cabo lo que califica como «una prevaricación clamorosa», mercadeando con su poder como magistrado, para que prosperara la querella contra su compañera y diputada al congreso, Vicky Rosell, presentada contra ella por el exministro Soria.

Como no hay mejor defensa que un buen ataque, en su informe final, el abogado de Salvador Alba ha dicho que el proceso «es el mundo al revés», que no tiene sentido que su defendido se encuentre a las puertas de una sentencia condenatoria por haber investigado si la magistrada Rosell había tomado decisiones como juez influida por la relación empresarial que Carlos Sosa, su pareja, mantenía con Miguel Ángel Ramírez.

En medio de una guerra sin tregua en la que se ha podido determinar la existencia de intereses enfrentados, testigos sorprendentes -como Héctor de Armas, antiguo segundo de Miguel Ángel Ramírez, denunciado por este y ahora enemigo suyo-, o jueces que fueron compañeros y amigos de Alba y de los que Alba grabó sin autorización conversaciones comprometidas, lo cierto es que los asuntos a los que se refiere el abogado de Alba ya fueron archivados por el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

A Alba no se le juzga por investigar una presunta colisión de intereses de Vicky Rosell en uno de los recurrentes asuntos del dueño de la Unión Deportiva con la Justicia. A Alba se le juzga por haber conspirado para perjudicar a una magistrada; por haber dictado resoluciones injustas, sabiendo que lo eran, para así forzar la voluntad de un investigado; por haber negociado luego con él bajarle la estratosférica fianza impuesta, a cambio de que se prestara a declarar contra la adversaria política de su mentor; por intervenir personalmente en la falsificación de documentos públicos; y por haber contado a su mentor político -el exministro Soria- el estado de sus actuaciones como magistrado en la causa contra Ramírez.

Se trata de delitos muy serios, y si se atribuyen a un juez, son más graves y dramáticos aún. Pero si eso no fuera suficiente, a Alba habría que juzgarle por haber dejado a la Justicia en Canarias a la misma altura del betún. Jamás antes en la historia de la justicia en las islas se habían conocido apaños, tejemanejes y desvergüenzas como las que se vivieron durante los días en los que Alba se paseó por los despachos de la Ciudad Judicial de Las Palmas, grabadora en mano, intentando encontrar la forma de chantajear a sus compañeros. Si todos los delitos de los que se le acusa no existieran, Salvador Alba debería salir de la carrera judicial, solo porque su comportamiento esos días fue indigno de lo que se espera de un juez.

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