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OPINIÓN | Canarias incoherente | Agustín Gajate Barahona

Estamos de celebración por la declaración como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco de los yacimientos arqueológicos de Risco Caído y los Espacios Sagrados de las Montañas de Gran Canaria. Todos los políticos se felicitan por el éxito y lo acertado de la iniciativa, que pone en valor la importancia internacional de la cultura indígena que existía en las Islas Canarias antes de la colonización europea del siglo XV.

Sin embargo, la situación del patrimonio indígena en el archipiélago dista mucho de ser la que correspondería a una sociedad avanzada e integradora, pues se tiende más al expolio o a la destrucción por cuestiones de codicia que a la preservación y estudio de los hallazgos de restos arqueológicos. Algunos testimonios recabados afirman que hace poco más de una década se derribaron dos estructuras piramidales en el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos para levantar en su lugar unos adosados y que un movimiento de tierras en Añaza previo a la construcción de una nave comercial destruyó un panel completo de inscripciones realizadas sobre piedra en alfabeto líbico junto a grabados de diferentes figuras, tanto geométricas como antropomorfas.

En estos casos, puede pensarse que el interés empresarial predominó sobre el social o el político, pero el ejemplo que dan los representantes de los poderes públicos tampoco invita hasta ahora al optimismo, ya sea por no actuar ante las denuncias como por la gestión del patrimonio a su cargo o por no desarrollar actuaciones de sensibilización dirigidas a los ciudadanos.

Personalmente creo que la gestión de los museos no es la correcta, sobre todo en lo que se refiere a la exhibición de momias y restos óseos originales. ¿Qué opinarían ustedes si desenterraran a un familiar para exhibir sus restos o su cadáver al público y cobrar una entrada por ello? ¿Si fueron depositados en un lugar sagrado no deberían permanecer en dicho lugar y ser allí visitados con el debido respeto?

Entiendo que pueda existir un interés histórico en la observación e investigación de estos restos, pero no es lo mismo que mostrarlos de manera pública, además existiendo hoy la tecnología adecuada para crear réplicas exactas o virtuales que sí pueden ayudar a sensibilizar a las personas que las vean sobre la necesidad de cuidar nuestro patrimonio social y cultural, aunque quizá antes de hacerlo habría que redefinir primero el papel de los museos dentro de la sociedad actual.

La falta de empatía política hacia los indígenas canarios no afecta sólo a los museos, áreas de patrimonio, cultura y deportes vernáculos, sino también se puede apreciar en el ámbito legal e institucional. Hace unos meses se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias en el que sólo hay una referencia al pasado prehispánico en el punto cuarto del artículo 27, que dice así: Los poderes públicos canarios velarán por la protección y la defensa de la identidad, patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y arqueológico de los aborígenes prehispánicos y de las demás culturas que han ido poblando el Archipiélago, así como de las distintas modalidades lingüísticas, en particular del silbo gomero.

En cambio no hay ninguna cita a este pasado prehispánico en el preámbulo, que comienza así: “El reconocimiento que la Constitución de 1978 realiza del Estado de las Autonomías en España viene a suponer para Canarias el respaldo constitucional de sus peculiaridades económicas, políticas y administrativas acumuladas desde su incorporación a la Corona de Castilla al señalar sus singularidades de su orden político y de su régimen económico. Es, por tanto, una respuesta a una realidad isleña que se ha forjado a lo largo de siglos”.

Como se puede apreciar, este texto se parece bastante a una declaración política de carácter colonial, sobre todo si lo comparamos con otros estatutos como el de Andalucía, que comienza así: Andalucía, a lo largo de su historia, ha forjado una robusta y sólida identidad que le confiere un carácter singular como pueblo, asentado desde épocas milenarias en un ámbito geográfico diferenciado, espacio de encuentro y de diálogo entre civilizaciones diversas. Nuestro valioso patrimonio social y cultural es parte esencial de España, en la que andaluces y andaluzas nos reconocemos, compartiendo un mismo proyecto basado en los valores de justicia, libertad y seguridad, consagrados en la Constitución de 1978, baluarte de los derechos y libertades de todos los pueblos de España.”

Me podrán argumentar que Andalucía es un territorio continental que no comparte con Canarias la insularidad y por eso no son situaciones comparables. ¿Y Baleares? Veamos el primer párrafo del preámbulo de su Estatuto de Autonomía: “A lo largo de su historia, las Illes Balears han forjado su identidad con las aportaciones y energías de muchas generaciones, tradiciones y culturas, que han convergido en esta tierra de acogida. Así, las Illes Balears, por la confluencia de una multiplicidad de pueblos y de civilizaciones, a lo largo de su historia, se han conformado en una sociedad dinámica, con un patrimonio cultural y social, tangible e intangible, singular entre todas las culturas del Mediterráneo y del mundo; fundamentado, en su más íntima profundidad, en unos valores universales incluyentes y no excluyentes.”

Nada que ver con las primeras frases del Estatuto canario ¿verdad? Personalmente me resulta especialmente curioso se obvie en el preámbulo canario que las islas eran conocidas por púnicos y romanos desde la antigüedad y que la primera mención no sea para las singularidades de la sociedad canaria o del territorio inular, sino para las “peculiaridades económicas, políticas y administrativas”, lo que da que pensar si lo que interesa en estas islas son los negocios o las personas.

Por no hablar del ‘glorioso’ segundo párrafo: “Como consecuencia de su incorporación a la Corona de Castilla, Canarias experimentó una profunda transformación en sus estructuras económicas, políticas y sociales a la que los isleños se adaptaron con rapidez asimilando su cultura y su religión”. ¿Tenían otra posibilidad las mujeres y hombres guanches excepto morir o ser esclavos?

Tampoco se hace ninguna mención al pasado indígena en el artículo 34 del Estatuto dedicado a la memoria histórica: “Los poderes públicos canarios velarán por el conocimiento y el mantenimiento de la memoria histórica de Canarias como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la identidad y la cultura del pueblo canario y la resistencia y la lucha por los derechos y las libertades democráticas. A tal fin, deberán adoptar las iniciativas institucionales necesarias para el reconocimiento y la rehabilitación de todos los ciudadanos que han sufrido persecución como consecuencia de la defensa de su identidad cultural, de la democracia y del autogobierno de Canarias.”

Para luego añadir: “Los poderes públicos canarios deben velar para que la memoria histórica se convierta en símbolo permanente de identidad, multiculturalidad, tolerancia, de dignidad de los valores democráticos, de rechazo de los totalitarismos y de reconocimiento de todas aquellas personas que han sufrido persecución debido a sus opciones personales, ideológicas o de conciencia.”

Espero que la declaración de los yacimientos arqueológicos de  Risco Caído y los Espacios Sagrados de las Montañas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco sirva para concienciar, no sólo a la ciudadanía sino sobre todo a los dirigentes políticos, que la recuperación de la memoria histórica no es exclusiva de un período histórico concreto como el franquismo, sino que abarca muchas otras épocas como la guanche y que merece la pena destinar tiempo y recursos a recuperar alguno de sus valores, porque nos pueden servir de gran utilidad en tiempos venideros. Esa sociedad supo gestionar este archipiélago durante al menos mil quinientos años, aunque es probable que fueran varios siglos más. ¿Habríamos sido capaces nosotros, con nuestra cultura y conocimientos, de llegar tan lejos con tan pocos recursos?

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