FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

OPINIÓN | Imprudencia y abandono: delitos en la conduccción | Juan Miguel Munguía Torres

El tráfico de automóviles siempre origina riesgos. Las normas administrativas configuran reglas ordenadoras que permiten hablar de riesgo permitido y prohibido. Ante el incremento de accidentes en los que resultan afectados peatones y ciclistas por imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor, se ha promulgado la  reciente Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.

Esta Ley garantiza la mayor sanción para determinadas conductas particularmente graves con resultado de muerte, en particular cuando el conductor del vehículo de motor o ciclomotor conduzca bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas o exceso de velocidad. Se reconoce de forma expresa que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor y han de tener consideración inequívoca en las consecuencias penales como imprudencia grave, permitiendo al Juez o Tribunal imponer la pena de hasta nueve años de prisión en caso de varios fallecidos, o fallecidos y heridos graves.

Se introduce igualmente el delito de abandono del lugar del accidente. Lo que se quiere sancionar en este caso es la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido; esto es, la falta de solidaridad con las víctimas, penalmente relevante por la implicación directa en el accidente previo al abandono, y las legítimas expectativas de los peatones, ciclistas o conductores de cualquier vehículo a motor o ciclomotor, de ser atendidos en caso de accidente de tráfico.

En realidad, se está castigando, de forma bastante amplia, el abandono del lugar del accidente y no específicamente la omisión del auxilio debido, al imponer al causante material del accidente, aun en el caso de un origen fortuito, un deber personalísimo de permanecer en el lugar, que no cesa aunque la víctima esté siendo atendida por otras personas o haya ya fallecido, ya que no consiste en un deber de socorro sino en un deber de permanencia en el lugar de los hechos, de permanecer junto a la víctima, aunque no se haga nada o con independencia de la eficacia que pueda tener su auxilio.

Se tipifica con este delito de fuga, sancionar penalmente a los que causen un accidente, sea el que sea, y se den a la fuga en lugar de quedarse en el lugar a auxiliar a los heridos o comprobar si ha fallecido alguien, para llamar a una ambulancia de inmediato que en muchos casos hubieran salvado vidas de personas accidentadas que se dejan en cunetas por los autores del siniestro en lugar de salvarles la vida, lo que incluso repercutirá en su menor penalidad, ya que no es lo mismo que les salven la vida y tengan lesiones, a que fallezcan y luego les detengan.

En modo alguno podemos señalar que, cuando una persona consume alcohol o drogas, o circula a velocidad excesiva, o infringe gravemente las normas de circulación, causando graves lesiones, o la muerte a las personas, puede ser calificado como un accidente. Por ello, deberíamos comenzar por llamar a este tipo de hechos como lo que son, que es como un delito, y desterrar la denominación accidental para lo que no lo es. Y ello, porque en el hecho habrá incurrido culpa consciente o dolo eventual, según el caso concreto que se haya dado, o bien dolo directo en algunas conductas graves en donde también concurre esta verdadera y directa intención de cometer el hecho cuando se conduce con temeridad manifiesta a sabiendas de lo que se está haciendo, y a velocidad excesiva. En síntesis, la seguridad vial debe abordarse como el conjunto de condiciones de seguridad garantizadas normativamente y orientadas a la tutela anticipada de los bienes jurídicos fundamentales, vida e integridad física de los participantes en el tráfico viario de una parte y, de otra parte, a que ejerzan sus derechos fundamentales a la movilidad y libertad deambulatoria en un entorno seguro.

munguia@munguiaabogados.com

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