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OPINIÓN | Una denuncia política | Francisco Pomares

Tras las elecciones generales, en medio de las negociaciones para formar Gobierno, que se antojan complicadas, tendremos apenas un par de días de respiro y dará comienzo la campaña de las locales y regionales. Podría decirse que por mucho que legalmente no haya comenzado aún esa campaña, todos los partidos están ya movilizados. Y es en ese contexto en el que Ángel Víctor Torres -candidato a la Presidencia regional por el PSOE- sitúa la denuncia presentada ayer contra él en el Juzgado de lo Penal de Las Palmas, por una presunta malversación en el área de Deportes del Cabildo grancanario, que él dirige.

Torres considera que la denuncia es claramente política, que estamos en campaña electoral, que quien presenta la denuncia es Fernando Bañolas, portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria y que lo que se pretende es neutralizar el efecto que supone que Fernando Clavijo esté investigado en los tribunales. «Creo que pocas cosas más hay que añadir», dijo ayer un Torres visiblemente molesto, al poco de conocerse que Bañolas había acudido a los juzgados.

Desde luego, es indudable que se trata de una denuncia política, presentada por un político contra otro político y que busca dañar la imagen de Torres. Lo mismo ocurre con la práctica totalidad de las denuncias que se producen en el ámbito de la política: que responden a intereses políticos, que son presentadas por políticos (a veces de forma clara, como en esta ocasión, otras escondiéndose detrás de asociaciones cívicas o de profesionales del derecho) y que su objetivo principal es dañar la imagen del denunciado.

Lamento estar seguro de que la denuncia de Bañolas no responde al deseo de mejorar la gestión económica en el uso de las instalaciones deportivas del Cabildo. Lamento ser mal pensado. Pero pensé exactamente igual cuando Santiago Pérez -un político- denunció a Fernando Clavijo -otro político- con el caso Grúas. Claro que entonces, para la mayoría de los socialistas, se trataba de prestar un servicio público denunciando comportamientos irregulares. Y es posible que al final ese servicio se preste, pero no creo que esa sea la intención subyacente cuando un político lleva a los tribunales a otro.

A la espera de que la Justicia actúe y nos aclare si esta será una de esas ocasiones, o sólo una nueva paletada de porquería al ventilador, Bañolas asegura disponer de documentación que prueba que Torres renunció a cobrar -contra el criterio de la intervención- hasta 660.000 euros a los promotores de conciertos y espectáculos celebrados en el pabellón Gran Canaria Arena, propiedad del Cabildo. Bañolas ha pedido a Torres que exija el pago de esos 660.000 euros a los empresarios, sin obtener de momento respuesta alguna a esa propuesta, presentada en formato de moción el pasado viernes.

En realidad, lo de menos es si se trata o no de otra denuncia política. Lo que importa es si la acusación de malversación de caudales públicos se sostiene o es otro infundio, saber si alguien se benefició por dejación de responsabilidad de Torres. Y también observar cómo actúa la Fiscalía en este caso.

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