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CANARIAS | Política Territorial pone en marcha el Órgano de Evaluación Ambiental que sustituye a la Cotmac

EBFNoticias | La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha presidido hoy la puesta en marcha del Órgano de Evaluación Ambiental e Informe Único con el acto de constitución de la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, una de las dos comisiones que integran este nuevo órgano previsto en la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias en sustitución de la antigua Cotmac.

Según establece el reglamento regulador, integran esta Comisión, junto a la presidencia y dos vicepresidencias, 13 vocales en representación de las consejerías de Economía, Industria y Comercio; Presidencia, Justicia e Igualdad; Obras Públicas y Transportes; Empleo, Políticas Sociales y Vivienda; Turismo, Cultura y Deportes; Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas; Sanidad; Hacienda y  Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. La integra también un miembro de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y un representante de la FECAM.

Una vez constituida, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental celebró su primera sesión, en cuyo orden del día llevaba, de manera prioritaria, la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental de varios proyectos de instalación de energías renovables.

Tres de ellos son proyectos de parques eólicos que se presentan a la segunda convocatoria de subvenciones lanzada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Se trata, en concreto, de un proyecto de parque eólico en Magua, Arico; otro en Manchas Blancas, en Villa de Mazo, y un tercero en el municipio grancanario de Agüimes.

La comisión ha aprobado, igualmente, la prórroga de vigencia de la declaración de impacto ambiental de tres plantas fotovoltaicas en el término municipal de Arona, en Tenerife.

Tal y como señaló la consejera Lady Barreto, «los seis proyectos informados hoy sumarán una producción de 37,2 MW que se incorporará a la potencia de energía renovable que ya produce Canarias y que nos sitúa muy cerca de ese 45% de energías renovables que aspiramos alcanzar en 2025».

«Seguir creciendo en producción de energía renovable nos permite, fundamentalmente, reducir nuestra huella de carbono y, con ello, seguir trabajando para mitigar los efectos del cambio climático», añadió.

Órgano de Evaluación Ambiental e Informe Único

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 25 de febrero el decreto por el que se creó el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único, así como su reglamento de organización y funcionamiento, previsto por la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

El Órgano se integra en la estructura de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad y funcionará de manera ordinaria a través de la Comisión de Evaluación Ambiental y la Comisión de Informe Único.

La Comisión de Evaluación Ambiental, constituida hoy, actuará como órgano ambiental del Gobierno en relación con los planes, programas y proyectos de competencia de la Administración autonómica y en la evaluación ambiental de la ordenación estructural de los planes generales de ordenación en los municipios de menos de 100.000 habitantes, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos.

La Comisión de Informe Único, aún por constituir, permitirá a la Administración autonómica informar sobre las cuestiones sectoriales que pudieran resultar afectadas por un plan de ordenación y, al mismo tiempo, velar por el efectivo cumplimiento del principio de lealtad institucional y seguridad jurídica. Estará compuesta por representantes de los departamentos autonómicos afectados con el objetivo de emitir un informe único de carácter preceptivo y vinculante.

Los informes únicos que emitirá esta Comisión se referirán a Planes Insulares de Ordenación, Planes Territoriales Especiales, Planes Territoriales Parciales, Planes Generales de Ordenación o cualquier otro establecido por la legislación.

Igualmente, se pronunciará sobre cuestiones relativas a las competencias de carácter autonómico que pudieran resultar afectadas por el plan en cuestión y sobre la evaluación ambiental estratégica que otros instrumentos de ordenación municipales o insulares, siempre mediante convenio previo.

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