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OPINIÓN | A babor | La memoria de todos | Francisco Pomares

El Parlamento de Canarias adelantó sorpresivamente al martes por la tarde-noche, la aprobación de la Ley de Patrimonio Cultural. Supongo que la hora de la aprobación, incompatible con los hábitos del periodismo de hoy, provocó que el asunto -de extraordinaria importancia por lo que significa de acuerdo político en materia de memoria y patrimonio- pasara bastante desapercibido, y solo mereciera algún suelto o comentario muy de pasada en los medios. Sin entrar en consideraciones técnicas, la ley aprobada supone una extraordinaria oportunidad no sólo como norma, como herramienta pública para alcanzar nuestros sueños, sino porque representa un hecho básicamente inédito en los últimos años: lo que hace tan especial esta ley, su característica más singular, es la absoluta e inusual unanimidad del Parlamento. En un texto legal que tiene que ver con asuntos hiperideologizados como son la gestión del suelo y la memoria, la unanimidad no parecía posible. Por suerte, la ley venía perfectamente currada por meses de trabajo en comisión en los que se logró articular consensos irrepetibles. Paco Déniz, de Podemos, Lola Padrón, del PSOE, y Agustín Hernández Miranda, un joven diputado del PP prácticamente desconocido -y sin duda el más brillante-, son personalidades muy diferentes, con biografías distintas, y conceptos ideológicos incluso antagónicos. Pero asumieron trabajar con un objetivo común y presentar un texto, deudor de sus aportaciones y del esfuerzo metodológico de la Dirección General, que acabó trayendo el milagro del consenso. Un consenso apenas afeado por la intervención decimonónica del profesor García, instalado en su discurso viejuno y romanticón, con Berteloth y Verneau como héroes tutelares. Pero aún peor fue la incomprensible disquisición paleontológica de la representante socialista, doña Victoria Hernández, que sustituyó a Lola Padrón cuando el proceso estaba casi liquidado. Doña Victoria probablemente quería votar en contra, y eso la llevó a una intervención entre patética y ridícula: había recibido el tirón de orejas de Anselmo Pestana para que apoyara un proyecto que han respaldado no sólo todos los partidos, sino también todos los Cabildos.

Ocurre que las competencias en conservación están en manos de las corporaciones insulares, pero Patrimonio Cultural ha sabido moverse muy estrechamente con los cabildos al margen de su color político. Un ejemplo emblemático ha sido el éxito en la declaración de Risco Caído, gestionada conjuntamente y en armonía con Gran Canaria.

La ley anterior, de 1999, no era una mala ley, pero respondía a los complejos de una administración regional sin recursos ni músculo administrativo para gestionar la complejidad de un patrimonio inmenso y muy descuidado como el canario. Ahora hay herramientas para poder atender de manera objetiva y creíble la conservación y gestión del patrimonio cultural. El patrimonio es también la memoria de los pueblos y su preservación requiere de una autoridad superior a la isla que intervenga para proteger, tutelar y evitar desmanes. La nueva ley incorpora competencia, autoridad y -por una vez- también recursos financieros suficientes, al aumentar en medio punto el canon que la obra pública dedicará a Patrimonio Cultural. Más recursos, pues. Y más peso a la inspección, con sanciones que se abonarán a la propia Dirección General y se invertirán en la restitución del mal causado. Falta sólo conocer los dos anexos, uno dedicado a la red canaria de Museos, que ya cuenta con 25 entidades adscritas, que en la próxima legislatura deberían ser unas 40; y un segundo anexo para catalogar -por fin- todo los Bienes de Interés Cultural de Canarias.

Para quienes amamos la Historia y defendemos una visión sincrética e integradora de nuestra memoria, esta Ley es un regalo del siglo XXI. Aunque fuera celebrada en el Parlamento con algún discurso tan impostado como rancio?

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