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OPINIÓN | A babor | «Caso Grúas»: ¿seguir o devolver? | Francisco Pomares

El Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna citó ayer a Fernando Clavijo, para que declare como investigado en el caso Grúas. De acuerdo con la comunicación recibida, Clavijo debería presentarse en el Juzgado lagunero que se ocupa del caso el próximo 15 de marzo. La jueza del caso ha pedido que Clavijo declare, basándose en el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que por dos votos a favor y uno en contra -el del propio presidente del TSJC, Antonio Doreste- decidió considerar que la aprobación del Estatuto de Autonomía, retiraba el aforamiento a Clavijo. Ante tal pérdida de aforamiento, el TSJC se declaró no competente para juzgar al presidente, y plateó que el juicio siguiera en La Laguna. El último auto contenía, sin embargo, una curiosa contradicción con el auto anterior del TSJC sobre el mismo caso, al considerar este segundo que la pregunta formulada por la jueza de La Laguna no había llegado a incorporarse a trámite por el TSJC, mientras el anterior consideraba lo contrario. Los abogados de Clavijo plantearon un recurso ante el propio TSJC, amparándose en esa contradicción, que -a su juicio- implica la ruptura del principio de unidad de jurisdicción. Otro galimatías de leguleyo que añadir al caso Grúas, y que en cristiano significa que en su segundo auto, el TSJC pedía que el caso «siguiera» en La Laguna, mientras en el primero lo «devolvía».

Ustedes se preguntarán qué diferencia existe entre ambos autos, y qué importancia tiene para la causa. En términos prácticos, la cosa es que no puede «devolverse» lo que no se ha admitido a trámite, y si se hubiera admitido a trámite (primer auto), entonces no estaría claro que pudiera aplicarse el nuevo Estatuto, con el procedimiento ya iniciado, dado que en España las leyes no pueden aplicarse retroactivamente.

Clavijo, por supuesto, ha dicho que él está encantadísimo de comparecer y poder explicar por fin ante Su Señoría las gestiones realizadas para mantener el servicio público de las grúas laguneras. Pero sus abogados se han agarrado a esta contradicción, con argumentos que -parece- refuerza el informe emitido por el teniente fiscal, Demetrio Pintado. Si así fuera, el caso volvería a situarse sobre el TSJC, que tendría que volver a pronunciarse. Y si no lo hiciera, cabría recurrir entonces al Supremo.

Esta guerra de recursos y resoluciones ante un tribunal dividido y una fiscalía -un organismo jerárquico- en la que a lo largo del procedimiento el fiscal y el teniente fiscal han mantenido criterios distintos, demuestra cada vez más que -al margen de cualquier otra consideración sobre el caso- su trámite parece ajustarse con creciente precisión al interés político de que Clavijo cumpla en plenas elecciones la pena de banquillo. No existe ninguna otra explicación al hecho de que el fiscal, tras la llegada de Sánchez a Moncloa, diera un giro de 180 grados, y calificara como delitos los mismos hechos que antes no consideró como tales. Por eso, mientras los abogados de Clavijo hacen todo lo posible por evitar que el juicio coincida con los plazos electorales, una parte del TSJC y otra de la fiscalía, están haciendo todo lo posible para que el caso Grúas, iniciado por una denuncia de las versiones laguneras de Podemos y Nueva Canarias, siente a Clavijo en el juzgado en plena campaña electoral.

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