FIRMAS

OPINIÓN | A babor | Lo que hay | Francisco Pomares

Usted es discapacitado. Nació hace veintipocos años con dificultades motrices, y tiene que moverse para todos lados en silla de ruedas. Recibe ayudas del Estado para poder hacer frente a esas dificultades que le colocan en peor situación que al resto de los ciudadanos. Son facilidades para comprar su silla de ruedas y acondicionar su vivienda, preferencias en determinados servicios, becas académicas y una pequeña paga compensatoria de su incapacidad. Es una cuestión de justicia: de lo que se trata es de mejorar sus condiciones de vida, de tal forma que las limitaciones de movilidad -de las que usted no es ni responsable ni culpable- no le supongan además una rémora a la hora de llevar una vida decente. Un día, después de mucho prepararse y estudiar, usted se convierte en empleado de ese mismo Estado que le ha estado ayudando -con el dinero de todos- para que usted viva digna y cómodamente a pesar de que su estado físico no es el mismo de la mayoría. Su sorpresa se produce el día que cobra el primer sueldo: el Estado ha decidido descontarle todas las ayudas a las que usted tiene derecho, y lo justifica explicando que ya recibe un sueldo de funcionario, como tantos otros funcionarios, y que con eso se tiene que apañar. Usted siente que eso es tremendamente injusto: a partir de ahora tendrá que dedicar una parte considerable de su sueldo a financiar necesidades que los demás no tienen. Y al hacerlo, aunque usted haga las cosas bien, sabe que eso le impedirá mantener el nivel de vida de sus vecinos o progresar al ritmo que progresan el resto de sus colegas.

Bien: la historia que le cuento no puede ocurrir en un país que crea de verdad en la Justicia social. Pero ocurre. Es algo que tenemos asumido y de lo que casi no somos conscientes: nos pasa desde hace años a todos los canarios? Imagine que vivimos en un archipiélago alejado del continente, con problemas de infraestructuras y movilidad, problemas fruto de un mercado fragmentado, de un sistema eléctrico costosísimo, de un territorio que carece de reservas suficientes de agua, y en la que todos los productos de consumo -el combustible, la mayor parte de la comida, la ropa que vestimos, hasta el último clavo- vienen de muy lejos, y tenemos que pagar fletes y distribuciones interinsulares para disfrutar de ellos. Imagine que en esta región el Estado no invierte en obras de interés nacional -como hace en todas las regiones peninsulares- porque la ley dice que sólo es de interés nacional lo que afecta a dos o más regiones: trenes, carreteras, canalizaciones de agua, infraestructuras eléctricas?

Imagine que aquí, en Canarias, después de años de pulso con Madrid, logramos que el Congreso de los Diputados apruebe unos fueros -el REF y el nuevo Estatuto- que consagran la necesidad de que se financie con carácter extraordinario nuestras carreteras, infraestructuras hidráulicas, desaladoras, nuestra electricidad, universidades, transporte de personas y mercancías, fletes? y que además se invierta en Canarias por habitante lo mismo que se invierte en el resto del país. Y ahora, imagine que después de un año de cumplir con ese compromiso (porque hacían falta dos votos de aquí para aprobar los presupuestos), el Estado decide que no, que nos tenemos que conformar con la paga que nos da, que además es más baja que la que reparte en el resto del país. Y aquí, dependiendo de quién gobierne en Madrid, se nos dan diferentes excusas: que si gastamos mal, que se tira el dinero, que no nos lo merecemos? o se nos vende la moto de que ya se arreglará, mientras las oportunidades se desvanecen y el dinero va a parar a otro lado. Y es verdad que gastamos mal, que se despilfarra o se administra ineficientemente en muchos sitios. Pero eso no quita el hecho de que sí lo merecemos. Y lo necesitamos: somos un territorio con una situación que por un lado supone nuestra mayor riqueza y por otro ha creado una sociedad con grandes dificultades, que no son de ayer, ni pueden solucionarse en una generación. Donde se despilfarre, o se gestione de forma incorrecta, habrá que perseguirlo -y si hay mamandurria juzgar a los responsables-, pero lo que no pueden hacer es quitarnos lo que nos corresponde, lo que necesitamos, lo que dicen nuestras leyes, forjadas durante años de duras negociaciones sin romper la baraja. Y eso es lo que ocurre ahora. Nos quitan la paga para dársela a otros que gritan más.

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario