Según pasan los días, y a medida que van conociéndose los detalles del expediente de la compra de las fincas de la familia de Román Rodríguez en Amurga, por parte del Cabildo de Gran Canaria, controlado por el partido de Rodríguez, lo que al principio se presentó como una casualidad en una operación de largo recorrido para reforestar terrenos de la isla, comienza a desvelarse como una decisión perfectamente planificada para sortear la oposición de la intervención insular a la compra, y coser desde la corporación un traje a medida para que pudiera realizarse. Según ha revelado el examen del expediente, la operación se intentó ya en 2016 con el formato de compra directa de los terrenos a los familiares de Rodríguez, aunque el intento fue bloqueado por la intervención cabildicia.
La evidencia de lo ocurrido se recoge en un mail remitido por un funcionario a un cargo intermedio del Cabildo, a finales de agosto de 2017, documento que ayer fue portada en la prensa grancanaria, y que no sólo viene a poner negro sobre blanco la intención de la corporación presidida por Antonio Morales de comprar a los cuñados de Rodríguez en cualquier procedimiento, ya sea «directo o con concurrencia», sino las decisiones adoptadas por el Cabildo grancanario para intentar sortear el informe negativo de la intervención: entre otras, una modificación presupuestaria por un importe de cuatro millones de euros «si se incluyera la finca Amurga», según dice el correo.
Es pronto aún para establecer responsabilidades concretas en este asunto, pero sin duda lo razonable sería paralizar el procedimiento hasta que se despejaran las dudas, si eso ocurre. Y eso es lo que el lunes se intentó conseguir por parte de la oposición a Morales en el pleno del Cabildo, sin éxito, porque el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, se enrocó en una numantina posición de defensa de las tesis de Morales y los suyos.
Ya se ha dicho aquí que esa posición ha colocado al líder socialista en una situación difícil ante sus compañeros: los medios reflejaban ayer con claridad la existencia de un pulso soterrado entre quienes dentro del PSOE consideran que este asunto debe ser aclarado antes de seguir adelante, y el propio Torres, que despachó la historia con una reflexión sobre la inconveniencia de discutir un asunto de carácter administrativo en el pleno. Pero es que no estamos ante un asunto de carácter administrativo. Estamos ante una operación de compra que la intervención paró el 30 de noviembre de 2016, y que se materializó dos años después -parece- a espaldas del PSOE y del pleno.
Pudiera ser comprensible que Torres, que es todavía vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, no quisiera complicar las cosas a su presidente, Antonio Morales. Pero es inexplicable su cerrazón ante la posibilidad de investigar un asunto que -por afectar a quienes afecta- es hoy la comidilla de Las Palmas. Mientras los socialistas grancanarios manifiestan dudas éticas ante la compra, Torres se ha comprometido con Nueva Canarias en silenciar una operación cuando menos dudosa, aún a riesgo de soportar el desgaste político y electoral de su partido y de él mismo.
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