FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Tarjeta bienvenida | Salvador García Llanos

“Una herramienta de comunicación de primer nivel y una oportunidad enorme” para que todas las personas conozcan mejor sus derechos y puedan reclamarlos. Así definió el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, un interesante y nuevo recurso en el ámbito de los municipios: la Tarjeta Social Universal (TSU).

¿De qué se trata? Pues de un sistema de información y servicios que integra las prestaciones económicas públicas, ya sean pensiones básicas o complementarias, contributivas, no contributivas y asistenciales así como prestaciones asistenciales y ayudas. El sistema posibilita conocer en tiempo real las prestaciones tanto sociales como económicas que recibe cada usuario o familia gestionadas tanto por la Administración General del Estado como por la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos. Desde luego, los municipalistas y responsables locales de asuntos sociales tendrán que estar muy atentos a su funcionamiento. Estamos ante un salto cualitativo en el complejo proceso de digitalización y dentro del mismo, de los servicios sociales.

Granado ha considerado que el alcance de la TSU “va más allá del registro de prestaciones públicas”. Pero hay que precisar que no es un elemento de control. La Tarjeta, según dijo, ha de funcionar como un instrumento “rápido y eficaz para conocer las prestaciones sociales que ofrecen las tres administraciones”. Por lo tanto, la utilidad debe venir marcada para que los poseedores encuentren respuestas ágiles en aquellas demandas que han de formular no solo ante su ayuntamiento sino también en las otras instancias administrativas.

La pregunta es si los ayuntamientos están preparados para que fluya la información y para que la máquina administrativa no se bloquee o sufra los males crónicos tan reprobados desde hace años por los ciudadanos que directamente los padecen. Estos, en la práctica, tienen que recibir un servicio que reduzca cargas administrativas y simplifique trámites en el acceso a las prestaciones sociales. De eso se trata, partiendo, como hemos dicho en otra ocasión, del principio básico de la cobertura tanto de la estructura municipal como de la Seguridad Social en todo el territorio del Estado. Por consiguiente, es de esperar que el uso de la TSU sirva, especialmente entre las personas más vulnerables, para acabar con dudas competenciales y demoras administrativas. Y que no haya interferencias sino todo lo contrario entre las instituciones. Si hablamos de defensa de derechos, hay que saber cómo moverse.

La Tarjeta, en fin, tiene que ser hasta un termómetro para medir la agilidad y la eficacia de las prestaciones. La medida aparece en los meses finales del mandato municipal. Ya se verá si es el mejor momento y qué impacto produce. En cualquier caso, se necesitará un tiempo tanto para implantar como para contrastar su aplicación. Desde luego, los servicios sociales municipales tienen trabajo. Siempre pendientes de más recursos y de más competencias, habrán de ofrecer con la TSU una respuesta más diligente. Si sirve para aligerar burocracia, bienvenida.

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