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OPINIÓN | A babor | La excusa | Francisco Pomares

El PSOE tinerfeño se prepara para afrontar las elecciones de mayo. La primera decisión importante para hacerles frente podría hacerse pública esta misma semana, y sería el anuncio de la ruptura del acuerdo de gobierno que hoy mantiene el PSOE con Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife. El acuerdo del PSOE tinerfeño con Coalición ha funcionado sin grandes estridencias durante tres años y medio, básicamente porque los socialistas han optado durante este tiempo por mantener un perfil bajo frente al protagonismo de Carlos Alonso. Todo muy en el estilo de Aurelio Abreu, un político de largo recorrido, cuya carrera probablemente acabe al mismo tiempo que su mandato como vicepresidente de la Corporación insular, pero no por esta ruptura: Abreu se enfrenta a la petición de apertura de juicio oral cursada por la Fiscalía Provincial tinerfeña contra él y el que fuera su secretario interventor en el Ayuntamiento de Buenavista, Francisco Javier Bardón Pérez. A ambos acusa la Fiscalía de sendos delitos de prevaricación administrativa, por haber adjudicado a dedo -hace trece años- un contrato de 270.000 euros (del que llegaron a abonarse 160.000), para la redacción del proyecto de la residencia de discapacitados de Buenavista. El fiscal pide ocho años de inhabilitación para Abreu, al que la dirección de su partido trata ya como “peso muerto”.

Liquidado políticamente Abreu -que ha capeado todos los rifirrafes con Alonso en el Gobierno del Cabildo- la salida del PSOE del Gobierno era considerada una cuestión de tiempo. La decisión de Alonso de comprar para sede sociosanitaria un edificio propiedad de la familia del constructor otrora más influyente de Tenerife, Antonio Plasencia, doblemente condenado por la justicia -por la extracción ilegal de áridos de Güímar y por su participación en el caso Las Teresitas- es la excusa perfecta para provocar una ruptura del Gobierno insular que tanto en el PSOE como en Coalición se da estos días por hecha.

El PSOE considera escandalosa la compra de la propiedad, que debería servir para hospedar a casi cuatrocientos pacientes del centro de Ofra y del Febles Campos. Se alega que la compra del inmueble -un emblemático edificio de oficinas, construido en 2012 en Cabo Llanos, sobre terreno municipal enajenado y vendido por Zerolo al hijo de Plasencia-, supone un balón de oxígeno para el constructor. En realidad, si la operación -cifrada en 23 millones- llega a cerrarse, Plasencia tendrá necesariamente que destinar lo que logre con la venta a hacer frente al pago de multas e indemnizaciones multimillonarias aún pendientes de sentencia firme. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ya ha decidido comunicar al Juzgado que instruye el caso Las Teresitas la información de que dispone sobre la operación. El ayuntamiento se ha negado hasta ahora a pedir la ejecución provisional de la sentencia, alegando que si el Supremo no la confirma, le podría costar hasta dos millones al consistorio, en pago de intereses a Plasencia.

Mientras el pulso se mantiene, Carlos Alonso, que ha defendido sin ambages el cierre de la operación de compraventa, se prepara para la que algunos voceros socialistas dan ya como segura salida del PSOE de su Gobierno, y para atrincherarse en el Cabildo hasta mayo, en situación de minoría.