FIRMAS Salvador García

OPINIÓN | Incautación periodística desproporcionada | Salvador García Llanos

Fue algo más que una reacción corporativista. La profesión periodística no podía permanecer impasible ante la decisión de un juez de Baleares, Miguel Florit, que decidió incautar material de trabajo a dos periodistas que investigaban el caso Cursach. Y la constancia de organizaciones profesionales representativas y de una amplia variedad de medios de comunicación ha dado sus frutos: el juez ha anulado el auto que requisaba ese material. La agencia de noticias y el periódico al que pertenecen los periodistas directamente afectados, Blanca Pou y Francisco Mestre, habían anunciado la presentación de una querella contra el magistrado por presuntos delitos de prevaricación judicial, inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional.
La Federación Española de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha considerado que la decisión del juez Florit es un primer paso positivo y respalda la solicitud de los informadores de que se les comunique, mediante notificación, si se ha realizado o no “cualquier examen, inspección, registro, copia o manipulación”, del material incautado. En un auto, Florit afirma que no se ha producido ningún decomiso. Por eso, no explica los motivos que determinaron la incautación de los teléfonos en donde se supone que trataría de profundizar en el origen de una filtración.
Sea como fuere, la reacción ha mitigado el impacto y ha sentado un precedente en el ejercicio profesional del periodismo pues de prosperar la decisión del juez se desmoronaban algunos principios. La FAPE y la Asociación de la Prensa de Islas Baleares (APIB) valoraron como desproporcionada la incautación y, lo que es más, una clara vulneración del derecho fundamental de los periodistas al secreto profesional. La solidaridad con los profesionales y con los medios, pero, sobre todo, con la esencia de la tarea periodística, ha sido notable.
Pero las dos organizaciones citadas insisten: la orden judicial inicial ha causado ya un grave daño al derecho al secreto profesional, base de las relaciones entre los periodistas y las fuentes. “El secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes”, explica la FAPE en un comunicado.
Y remata: “Sin el secreto profesional, muchos de los casos de corrupción y abusos de poder ocurridos en nuestro país nunca hubieran sido conocidos por los ciudadanos y eso fue posible gracias al trabajo de los periodistas, en cumplimiento de su función democrática de difundir información veraz y de interés general”.
Que no se repitan decisiones como la de Florit.

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