FIRMAS Francisco Pomares

A babor | El tercio de menos | Francisco Pomares

El Ministerio de Fomento y el Gobierno regional anunciaron ayer la firma -a mediados de diciembre- del Convenio de Carreteras, que prevé 1.200 millones a abonar entre 2018 y 2027, además del compromiso de devolver el dinero que el Gobierno de la nación está obligado a devolver al de Canarias para cumplir las sentencias del Supremo que establecieron que Canarias debía ser compensada por los recortes que sufrió en esas partidas durante la crisis económica, sin acuerdo previo entre ambas administraciones. Esa decisión del Supremo supone que Madrid deberá pagarle al Tesoro canario, en concepto de devolución, 945 millones y medio de euros. Sumar las dos cantidades como si ambas fueran el dinero del convenio, es fraudulento: ambos Gobiernos, el de España y el de Canarias quieren presentar el actual convenio como un éxito negociador, y como el regreso a los buenos viejos tiempos, pero lo cierto es que tampoco es que se trate de una bicoca: Canarias recibirá en los próximos años una media de 120 a 140 millones de euros para carreteras al año. Eso representa un tercio menos de lo que recibía antes de que llegaran las rebajas de la crisis que fueron… ¿de cuánto? ¡¡¡De aproximadamente un tercio!!!

No digo que sea poco. Mi mucho. Digo que es una cantidad sensiblemente inferior a la que Madrid destinaba a las carreteras de las Islas en la etapa previamente a la crisis. Y estoy seguro de que si el Gobierno regional ha aceptado esta fórmula es porque Fomento se ha comprometido a devolver esos 945,55 millones de euros que equilibran la situación, permitiendo que los ingresos se ajusten más o menos a lo que se recibía antes de la crisis. Dicho de otra manera: este es un aceptable convenio de carreteras, si dejamos de lado que un tercio de lo que va a invertirse en Canarias por cuenta del convenio se va a hacer con dinero que era de Canarias, que nos quitaron, y que ahora nos devuelven porque el Supremo les ha obligado. El Gobierno de Canarias prefiere aplaudir el cierre del acuerdo, que protestar y correr el riesgo de que no se firme. Si en Obras Públicas se ponen las pilas, con el acuerdo dispondrán de 250 millones para gastar en 2019, año electoral, en el que gastar con munificencia suele ser costumbre asentada.

La forma del acuerdo debería ser un buen momento para reflexionar sobre un sistema -el de los convenios bilaterales entre Canarias y el Estado-, que a mi juicio supone asumir una técnica muy problemática para ajustar la financiación. Los convenios pretenden suplir la inexistencia de obras de interés general del Estado en Canarias, que son aquellas obras que conectan o afectan a varias regiones. Como eso es imposible, se negocian estos acuerdos, en vez de fijar -como debería hacerse- una cuota de parte de la inversión nacional de carácter general, y aplicar a Canarias la compensación que correspondiera por subfinanciación. Sería un sistema más justo y más seguro, que nos evitaría además soportar la cantinela continua de los agravios y desagravios, y las mentiras que nos cuentan cada vez que dejan de pelearse. Como en esta ocasión: la milonga de los 27.000 puestos de trabajo -entre directos e indirectos- que «en ocho años» se van a generar con poco más de dos mil millones de euros de inversión pública. No salen esas cuentas ni si las hacen borrachos: nos toman por tontos.

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