FIRMAS Francisco Pomares

A babor | ¿Ovación a Cosidó? | Francisco Pomares

Una crisis absolutamente inédita en el Poder Judicial, un clima de creciente enrarecimiento de las relaciones entre política y Justicia y una monumental indignidad -el guasap de Cosidó a sus colegas de partido- forzaron ayer la renuncia del juez Manuel Marchena a la presidencia del Consejo General de los jueces y el Tribunal Supremo. A Marchena le honra esa decisión tanto como a Cosidó le retrata el mensaje enviado a 146 colegas de su partido, senadores, cargos orgánicos y empleados del grupo. Sorprende que alguien capaz de expresarse en un chat público en esos términos haya llegado a ser portavoz de del PP en el Senado, y sorprende más aún que el PP no solo no pida su inmediata renuncia, sino que avale su impresentable comportamiento: el respaldo (ovación incluida) de los senadores del PP a Cosidó, hace patente el insondable deterioro moral del propio PP, su desprecio por las instituciones y la separación de poderes, su falta de credibilidad democrática. Que desde el PP se respalde de esa forma a alguien que ha manifestado su voluntad de interferir en la sala de lo penal del Supremo, gracias al pacto con el PSOE para nombrar como presidente a un juez conservador, demuestra un concepto miserable del papel de la Justicia. Lo que ha dicho el ovacionado Cosidó, es una demostración clara de la idea que algunos partidos tienen del papel de los jueces, como sumisa correa de transmisión de las instrucciones del poder. Por el contrario, el canario Marchena ha sido contundente en su explicación de porqué renuncia: «jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», dijo ayer en una nota de renuncia, en la que ni siquiera menciona al portavoz del PP en el Senado. «Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional», añadió Marchena. Es triste que un juez respetado por sus oponentes, experimentado y con una trayectoria profesional intachable, se vea obligado a renunciar porque un político sin seso ni formación democrática argumente que su nombramiento -pactado con el PSOE la semana pasada- permitiría controlar «desde detrás» la Sala Segunda del Supremo, de lo Penal, que juzgará a partir de principios del 2019 la causa por rebelión en el «procés». Munición para los independentistas, que sabrán sin duda sacar jugo en la palestra internacional a esta sorprendente interpretación del acuerdo con el PSOE para renovar los órganos jurisdiccionales.

La decisión del PP ante el escándalo suscitado por la filtración del guasap de Cosidó ha sido otra ridícula chapuza: cancelar el chat de los senadores, y anunciar que abandona el acuerdo suscrito con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Una pérdida de tono (y tino) cuyo único sentido es liarla aún más para ocultar el monumental desaguisado. El PP se ha pegado un tiro en el pie con este asunto. Y la bala ha rebotado: la renuncia de Marchena, apoyada unánimemente por los jueces y sus asociaciones profesionales, supone una bofetada para el partido que lo propuso y ha provocado su retirada. Pero también coloca a Pedro Sánchez ante nuevas dificultades: el éxito en la renovación del Poder Judicial apuntaba en dirección a la estabilidad institucional y la capacidad de maniobra del ejecutivo. La convocatoria de elecciones parece estar más cerca.

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