El IGIC es un impuesto básicamente injusto, como todos los impuestos indirectos, porque no se aplica de manera directa a la renta de los contribuyentes, sino que se paga según el consumo que haga cada cual. Ricos y pobres pagan la misma cantidad por el consumo de una barra de pan, por el transporte o por la compra de un mismo producto o servicio. Es cierto que eso se compensa porque los ricos consumen mucho más que los pobres, y por lo tanto pagan más IGIC, pero eso no cambia que los impuestos indirectos sean más injustos que los directos, por ejemplo el IRPF, en el que se paga de acuerdo al nivel de ingresos. Sin embargo, los impuestos directos que gravan el consumo se han convertido en la parte del león de la recaudación, sobre todo porque nadie escapa a ellos.
Dentro de su intrínseca injusticia, el IGIC es un impuesto positivo para Canarias: primero, porque toda la recaudación del IGIC se queda en las Islas. Ni un duro se lo lleva el Estado: una parte del IGIC -el 42 por ciento- se destina a sostener las necesidades del Gobierno de Canarias, y con el resto se financia a los cabildos y los ayuntamientos. Con el IVA, un impuesto en cascada como el IGIC, y con una filosofía parecida, no ocurre lo mismo: el 50 por ciento de lo que recauda se lo queda la Administración central y el resto se distribuye entre las regiones, con la excepción del País Vasco, Navarra y Canarias, que tienen regímenes fiscales especiales.
Quedarse con todo el dinero de la recaudación es muy importante para Canarias, y ayuda a que Gobierno y corporaciones locales dispongan de ingresos más saneados, pero no es la única ventaja. También existe otra para los ciudadanos: y es que el tipo general del IGIC está en el 7 por ciento, justo la tercera parte de lo que supone el tipo general del IVA, que está en el 21. La verdad es que el tipo general -que es el porcentaje del precio del bien o servicio que se tributa a Hacienda-, fue subido durante la crisis del cinco al siete por el Gobierno de Paulino Rivero, con una ley en la que se prometió que el impuesto se bajaría cuando la situación de crisis se revirtiera, y la recaudación por IGIC volviera a los niveles previos a la crisis. Y eso es lo que solicita el PP: que se cumpla con lo establecido en la ley. Pero pide más cosas, además de la reducción del tipo general hasta el cinco por ciento. Pide la exención de IGIC para el pan, aceite y pastas, electricidad, telecomunicaciones y todos los servicios públicos y privados de atención social. También pide una rebaja de la cuota autonómica del IRPF para rentas inferiores a los 22.000 euros, duplicar la deducción por familias numerosa, deducir el 20 por ciento del alquiler de la vivienda en rentas por debajo de los 30.000 euros, ampliar la bonificación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones a los tíos y sobrinos, llevar a los dos años la tarifa plana de 50 euros para autónomos y subir a 50.000 euros la franquicia del IGIC para autónomos y pymes. En realidad, el PP pide mucho más que bajar el IGIC a su tipo de antes, lo que pide es prácticamente que en Canarias no se paguen impuestos, pero se suba el gasto educativo al cuatro por ciento del PIB y el sanitario al 8,5 por ciento, y eso se acompañe de financiación para la Ley de Servicios Sociales. Una bicoca: pura prestidigitación con las cuentas. La pena es que los partidos pidan todas estas cosas cuando no gobiernan, pero no las hagan cuando mandan y podrían hacerlo.
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