FIRMAS Salvador García

Nueva cultura laboral | Salvador García Llanos

Pues resulta que el operativo dispuesto por la Inspección de Trabajo revela que Canarias era la crónica de un fraude laboral notable y no publicado. Trabajadores contratados sin causar alta en la Seguridad Social, contratos a tiempo parcial pero trabajando a tiempo completo sin cobrar por ello, autónomos que no constaban como tales… Y así, una plétora de irregularidades que aconsejaban la actuación de la Inspección, promovida en su momento por la que fuera vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, y continuada por la actual consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido.
La plétora es de tal nivel que basta la exposición de las cifras para contrastar la gravedad de un problema que menoscaba la dignidad del trabajador y del empleo mismo. Por eso, lo importante ahora es que haya una respuesta adecuada por parte de las empresas, de los empleados, de los autónomos y hasta de las propias centrales sindicales: es como un borrón y cuenta nueva, casi un volver a empezar. Los resultados, desde luego, son una especie de lección para todos. Una vez aprendida, se trata de aplicarla y de no incurrir en deficiencias e incumplimientos. A ver si entre todos se destierra esa cultura de picaresca que tanto daño causa cuando se practica impunemente.
Veamos las cifras: la Inspección de Trabajo ha detectado, entre enero y septiembre del presente año, diez mil empleos fraudulentos en la Comunidad Autónoma. Diez mil, ¡eh!, un 30 % de los cuales carecía de contrato laboral.
Del proceso de normalización de esos puestos de trabajo se desprende que seis mil, en la modalidad de a tiempo parcial, correspondían a tiempo completo, en tanto que fueron detectados unos mil parciales con horas de alta inferiores a las reales. Eso seis mil contratos temporales se han convertido en indefinidos. Ya el año pasado, los resultados fueron alentadores pues fue posible mejorar la situación de dos mil setecientas diecinueve personas que tenían contratos irregulares o no estaban dadas de alta en la Seguridad Social,
La Inspección ha acometido un plan extraordinario en el que han sido consignados mil doscientos ochenta expedientes abiertos a empresas. El plan tenía como finalidad principal combatir el fraude en la contratación laboral. Se calcula que esta fase del plan, comprendida entre enero y septiembre del presente año, ha facilitado regularizar la situación de diez mil trabajadores que habían firmado contratos fraudulentos o carecían de ellos. Los resultados han sido tan positivos que otros treinta y dos inspectores del Estado reforzarán la actual plantilla que trabajará a fondo durante el presente mes y el próximo de noviembre.
La consejera del ramo en el Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se muestra no menos entusiasmada con la efectividad de las acciones desarrolladas y ha anunciado que estas actuaciones “han servido de base para la elaboración del recién presentado Plan Director por un Trabajo Decente 2018-19 y 20”, ramificación, mediante convenio, del Plan estatal. En un momento de crecimiento del empleo, la iniciativa pretende generar y mantener el trabajo de calidad: “Vamos a acabar con el abuso”, afirmó Valido.
Todo da a entender que se va por buen camino, pues se va generando un nuevo modus operandi. Los sindicatos podrían aprovechar hasta para hacer una pedagogía laboral que siempre será útil teniendo en cuenta el desconocimiento, la baja sensibilidad y el escaso apego de quienes encuentran empleo a formarse en defensa de sus derechos y de unas mejores condiciones profesionales.
Ojalá cundan los ejemplos y se pueda avanzar por esta senda que conduce a un empleo digno. Pero solo se alcanzará la meta si todos son conscientes de que hay que cultivar este nuevo comportamiento que, no lo olvidemos, ha precisado de una intensa inspección.

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