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A babor | Emergencia humanitaria | Francisco Pomares

El Cabildo de Lanzarote declaró ayer situación de Emergencia Humanitaria, ante lo que las autoridades de la isla definen como un claro desbordamiento de los medios para hacer frente a la acogida y atención de los más de cien menores extranjeros no acompañados que han llegado estos días. Sin duda, se trata de una medida extrema, y a mi juicio exagerada. Una emergencia humanitaria y sanitaria (que ambas dos se establecen con la decisión del Cabildo) no es carecer de medios para hacer frente al hospedaje de cien menores. Es cierto que se trata de una situación delicada y grave, que deberían atender con solvencia y rapidez las autoridades de la administración regional, responsables de la atención de menores, aunque en este caso, es evidente la corresponsabilidad previa de la administración central, dado que se trata de menores que han entrado ilegalmente en la isla.

El Cabildo adopta la decisión de declarar la emergencia en el contexto de un conflicto de orden político con el Gobierno español, fruto de la torpeza de la Delegación del Gobierno en Canarias y la malcriadez del presidente Sánchez, que prefirió reunirse a tomar unos vinos con sus compañeros socialistas de Lanzarote, en lugar de hacerlo con el presidente del Gobierno regional, que precisamente solicitó una audiencia de veinte minutos -¡¡¡veinte minutos!!!- para tratar con Sánchez la situación. Y? ¿por qué con Sánchez? Pues porque la delegada del Gobierno, Elena Máñez, comunicó la imposibilidad de utilizar un acuartelamiento militar en desuso para ubicar a los menores.

El argumento es que el acuartelamiento de Marqués de Herrera no reúne las condiciones. Pero no resulta difícil suponer que será más fácil resolver las carencias en un lugar cerrado que en una aglomeración de tiendas de campaña en medio de la calle, sin servicios sanitarios, sin agua ni electricidad, que es la ubicación que hasta el momento se ha encontrado a los menores. Defensa siempre ha manifestado una extraordinaria capacidad de respuesta ante contingencias de este tipo.

El comportamiento de los militares durante la crisis humanitaria que supuso -ésa sí- la llegada de más de 30.000 inmigrantes a las costas de Canarias en 2006 se resolvió fundamentalmente gracias a la inmediata respuesta del Ejército y el Estado.

En vez de convertirse en interlocutora del problema creado en las islas ante el Gobierno de la nación -como supo hacer el delegado José Segura en 2006- Máñez ha elegido sumarse a esta pelea estúpida de tirarse los inmigrantes a la cabeza, o justificar lo injustificable: su declaración explicando que la estancia de Sánchez en Lanzarote no fue ni oficial ni privada, nos hace pensar en nuevos formato para las visitas del jefe del Gobierno a provincias.

¿Visitas indefinidas? ¿Mitad y mitad? ¿Colegueo partidario pagado con nuestros impuestos? ¿Turismo social? La señora Máñez debe demostrar mayor inteligencia en sus argumentos y más eficacia es sus actuaciones: en Lanzarote existe un problema serio, que algunos quieren convertir en una crisis humanitaria y que podría acabar siéndolo si no se adoptan las medidas adecuadas.

El Cabildo está intentando resolver el problema negociando el uso del albergue de La Santa, pero uno cree que pasado el bochorno institucional de La Mareta, Gobierno central, administración regional y Cabildo deben ponerse a trabajar juntos para resolver el problema de esos cien menores. Con titulares no van a resolver nada. Lo que van a lograr es que cunda el descrédito de la política y aumente la xenofobia. Y ya sabemos dónde nos lleva eso.

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