Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recoge que no tiene la condición de consumidor la persona que publica en un sitio de internet varios anuncios de venta. El demandante, de nacionalidad búlgara, adquirió un reloj de pulsera de segunda mano en una plataforma de venta online.
Al recibir el reloj, comprobó que no cumplía con la descripción del anuncio, por lo que se puso en contacto con la vendedora para devolverlo a cambio de su dinero. La mujer se negó a estas condiciones, por lo que el comprador respondió presentando una reclamación ante la Comisión búlgara de Protección al Consumidor.
El organismo reparó en que la vendedora había publicado otros ocho anuncios de venta referentes a diversos productos. Basándose en la ley búlgara de protección a los consumidores, se le impuso varias sanciones administrativas. Y es que la mujer había omitido información relevante como nombre y correo electrónico del comerciante, las condiciones de pago, el precio final y el derecho del consumidor a desistir del contrato a distancia, entre otras cuestiones. La vendedora acudió a los tribunales de su país al considerar que no tenía la condición de “comerciante”, de modo que la citada normativa no era de aplicación.
En su sentencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que incumbe al tribunal nacional determinar si una persona física ha actuado con un propósito relacionado con su actividad económica, comprobando si la venta se ha efectuado de forma planificada, si tiene carácter regular o un fin lucrativo o si la oferta se concentra en un número limitado de productos. Además, para considerar que la actividad constituye una práctica comercial, el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar que dicha labor la realice un comerciante y que constituya una “acción, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores”.
El mero hecho de que con la venta se persiga un ánimo de lucro o de que una persona física publique simultáneamente en una plataforma en línea una serie de anuncios en los que ofrece a la venta bienes nuevos y usados no basta por sí mismo, para calificar a esa persona de «comerciante» ni calificarse de «práctica comercial».
Apuntar a continuación que la ley de consumidores otorga unos derechos cuando comparas por Internet: 1.-Identificación del vendedor: las empresas de ‘ecommerce’ que operan en España están obligadas a publicar datos sobre su denominación social, NIF y datos de contacto.
2.-Formas de pago: la ley establece el cobro de cargos adicionales por usar un método de pago específico. Las webs tienen que ofrecernos pagar como prefiramos (tarjeta, transferencia, PayPal), sin cobrar un recargo por ello.
3.-Plazos y entrega: si las condiciones de entrega no están especificadas en la web durante la compra, el plazo máximo para entregar un producto comprado por internet es un mes. Si este plazo no se puede cumplir, debe notificarse al comprador y él decidirá si sigue adelante con la operación o si desiste, y eso no debe suponer un coste adicional. En caso de retraso injustificado, el comprador puede reclamar que se le devuelva el doble de lo pagado.
4.-Desistimiento: el usuario tiene 14 días para desistir de la compra de un bien o servicio sin tener que justificar el motivo, y el importe debe ser devuelto dentro de los 14 días siguientes al desistimiento. Si esta información no está a la vista durante la compra, el plazo se amplía a 12 meses.
5.-Y garantía: la garantía de un producto comprado por internet es la misma que si la hubiésemos comprado en una tienda física, es decir, dos años. En los primeros seis meses, la garantía es especialmente fuerte porque se supone que el defecto es de origen, a no ser que el vendedor demuestre lo contrario.
Por último, debes tener la información necesaria en cuanto a los impuestos, gastos de envío y otros gastos que puedan surgir para no llevarte una sorpresa con el precio final. Todo debe estar incluido en el precio final al cobrarte, pero si el producto llega desde el extranjero, pueden aparecer gastos arancelarios adicionales.
munguia@munguiaabogados.com
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