La decisión del Gobierno de Canarias de aplicarse la subida salarial aprobada por el Gobierno español para el resto de los funcionarios públicos, ha sido copiada inmediatamente por el Parlamento de Canarias. En el Parlamento, que no rinde cuentas de sus gastos, la subida ha recibido el discreto apoyo de todos los grupos, excepto Podemos. En ambos casos -altos cargos del Gobierno y diputados- la subida se produce con carácter retroactivo a uno de enero, aunque ni el Gobierno ni el Parlamento han aclarado si esa retroactividad será para el total de la subida -el 1,75 por ciento, o sólo para el porcentaje del 1,5 por ciento, como les ha ocurrido a los funcionarios de toda España- cuya variable del 0,25 por ciento, vinculada al cumplimiento de las previsiones de crecimiento económico del gobierno para 2017, se aplica a los empleados públicos sólo desde el momento de entrar en vigor el incremento salarial. Es difícil que el gobierno pueda sortear esa decisión, porque la subida se justifica en la misma de los empleados públicos, pero en el caso del Parlamento, convendría que lo aclararan. El Parlamento puede subir los salarios autónomamente de la forma que quiera y cuanto quiera, y no es la primera vez que nos la dan con queso. La percepción social sobre lo que cobran Sus Señorías se ha ido agriando en los últimos tiempos, y la impresión general es que cobran muy por encima de lo percibirían si trabajaran en algo distinto, y que entre salarios con dedicación exclusiva, dietas por viaje y dietas por asistencia a comisiones y reuniones, algunos rozan los 6.000 euros y son pocos los que bajan de los 4.000.
Escuchar el viernes a la diputada Nayra Alemán decir en la radio que en la empresa privada se gana más, y que lo que cobra es el sueldo que corresponde a su preparación, se me antoja peregrino. La diputada en cuestión, ex concejal de Arucas, consejera en la oposición del Cabildo grancanario en la pasada legislatura, estaba también en nómina del ayuntamiento de Arucas, como asesora, pero probablemente no tiene información sobre lo que cobra hoy en una empresa privada un abogado con su experiencia (estuvo un par de años ejerciendo). Desde luego no son los 4.000 euros al mes que ella se embolsa.
Los ciudadanos no están por un aumento del gasto para sostener más infraestructura política. Ahora, con el probable aumento de 60 a 70 diputados, el coste de los salarios será un trece por ciento mayor. Se nos dijo que no se gastará más en diputados, pero ya verán que no va a ser así. La nuestra es una sociedad castigada por la pobreza, en la que los diputados -casi todos ellos- perciben salarios estratosféricos. La pregunta que hay que hacerse es sencilla. ¿Por qué tienen que cobrar salarios de banquero sus señorías? La mayor parte de los ciudadanos no tenemos nada en contra de que se aumenten los diputados si se reducen las cantidades que cobra cada uno, o el número de diputados que cobran. ¿Por qué casi todos tienen dedicación exclusiva? Antes de que algún diputado lo recuerde -por aquello de mal de muchos consuelo de tontos-, esta reflexión vale igual para los asesores, y el resto de paniaguados y tiralevitas del Gobierno y el resto de las administraciones.
Hay que empezar a decir que los sueldos políticos -al contrario de lo que creen quienes se acostumbran a ellos, están muy por encima de los estándares salariales de la mayor parte de la población. Ya va siendo hora de preguntarse por qué a un diputado, a un concejal o a un asesor hay que pagarle el doble que a un maestro o un sanitario con 12 años de trabajo a sus espaldas. ¿Alguien podría explicarlo?
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