FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

Nuevamente las Plusvalias municipales | Juan Miguel Munguía Torres

Comencemos indicando que el impuesto sobre la plusvalía, es un tributo directo de naturaleza municipal que constituye una importante fuente de ingresos para los ayuntamientos. Se cobra cuando se realiza una transmisión de la propiedad urbana por cualquier título (herencia o legado, donación, transmisión, compraventa, permuta…) o cuando se constituye o transmite cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio sobre dichos terrenos. Como ya expusimos en comentarios anteriores de esta sección, en el año 2017 el Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la vigente regulación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido popularmente como plusvalía, al considerar que no es expresiva de la capacidad económica del contribuyente, tal como exige la Constitución.

Ahora,  la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la Sentencia del Tribunal Constitucional  permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que en tal caso, resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

La sentencia indica que es de aplicación el cobro debido de dicho impuestos, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar …que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 Constitución Española.

Así, en relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada «por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar el correspondiente cobro.

Considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, es decir, el Supremo exime del impuesto de la plusvalía a quien pruebe que vendió su propiedad con pérdidas ante el Ayuntamiento.

¿Cómo recurrir el impuesto de plusvalía municipal si se ha abonado? Si el contribuyente hubiera presentado ya una autoliquidación del impuesto, se deberá presentar ante el Ayuntamiento correspondiente un escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos con el interés de demora correspondiente desde la fecha de ingresa hasta la fecha de orden de abono al mismo, conforme al artículo 221 de la Ley General Tributaria, antes de los 4 años desde que finalizó el plazo para presentar la autoliquidación.

munguia@munguiaabogados.com

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