FIRMAS Salvador García

El ayuntamiento pierde dinero | Salvador García Llanos

La denuncia del portavoz de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, David Hernández, no es nueva: la ocupación de la vía pública en determinadas zonas del municipio sigue siendo una asignatura pendiente, un problema irresoluto. Si hay ordenanza, no se aplica ni se hace el correspondiente seguimiento. Recordemos que ya en el presente mandato hubo un contencioso entre la asociación de comerciantes y el consistorio con un resultado desfavorable para la administración.
Y si, encima, los recursos humanos (policías locales y funcionarios) son insuficientes o no están debidamente aleccionados de la importancia del conflicto, este se recrudece y empeora. De ahí que, pese a no ser novedad, la denuncia de ACP sea oportuna: no puede ocurrir que mes tras mes las cosas sigan igual. Algunas vías y rincones portuenses se ven literalmente asfixiadas, hasta el punto de que algunos establecimientos ocupan más superficie exterior que la propia interna, o lo que es igual, disponen de más mesas fuera que dentro. No extrañe que se hable de salvar una carrera de obstáculos.
A la espera de saber cuáles han sido las repercusiones de aquel contencioso, el planteamiento de Hernández incide en el rendimiento económico del hecho de la ocupación, independientemente de su calificación por zonas territoriales u otros criterios. Primero, por la desigualdad pues mientras unos negocios cumplen con la superficie máxima que, por ordenanza, les está asignada, otros ocupan hasta cuatro y cinco veces más. Después, la discriminación -se supone que involuntaria o inconsciente- a la hora de remitir el importe de las tarifas de las tasas. Y en tercer lugar, por el impago de un considerable número de establecimientos obligados a hacerlo. La denuncia del portavoz de ACP es ilustrativa: durante los años 2015 y 2016, “el porcentaje de recaudación osciló entre el 58 y el 67 %, con lo que un tercio, o más, no paga. Y eso contando solo la superficie de ocupación de la que tiene constancia el Ayuntamiento”.
O sea, que este sigue perdiendo dinero mientras otros hacen el agosto y muchos meses más. No hay que pensar que el gobierno local que presume de tener saneadas las cuentas hace la vista gorda o luce una actitud más relajada con quienes tienen obligaciones tributarias al aprovecharse claramente de lo que es el espacio de todos.
Este es un asunto cuya resolución requiere, sobre todo, voluntad política. De la misma manera que se practica el clientelismo a la hora de contratar personal y se sortean barreras legales, los responsables tendrían que esmerarse en la reordenación de efectivos y en la búsqueda de inspectores o similares para velar por el cumplimiento de lo dispuesto en las ordenanzas correspondientes y producir los efectos consecuentes, especialmente, en el ámbito económico-financiero. Los señalados porcentajes parecen notoriamente insuficientes, sabiendo que se pueden obtener más, no por voracidad recaudatoria, sino por orden, justicia, equidad y pragmatismo. Hasta se eliminaría la tentación envidiosa de sacar más porque el de al lado tiene más. La realidad es que el Ayuntamiento está perdiendo dinero.
Y todo eso, hecho con transparencia, pues no olvidemos que el consistorio figura entre los suspensos de la evaluación del Comisionado parlamentario, un resultado, por cierto, que, como nos temíamos, también está pasando inadvertido. Se echa de menos una iniciativa para intentar saber cómo están las cosas en este capítulo de ocupación de vía pública en estos momentos y cuáles son las intenciones que se tienen al respecto.

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