FIRMAS Salvador García

Civismo en la costa | Salvador García Llanos

Nos empeñamos en hacer las cosas mal, en infringir normativas y así pasa lo que pasa. Y luego vienen las consecuencias. Y las soluciones imposibles. Y las apelaciones lastimeras. No importan todas las informaciones que se publican sobre los daños al litoral y a los fondos submarinos. No escarmentamos…
En Adeje y Arona han cerrado unos chiringuitos de playa. Se supone que la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del actual Ministerio para la Transición Ecológica, habrá encontrado razones para hacerlo.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), en un respetuoso pero crítico comunicado, rechaza las formas en que se ha consumado el cierre y lamenta “el daño generado a los usuarios, privados de esta importante oferta turística en las playas”. Subraya los “grandes perjuicios” para una gran cantidad de usuarios. Nada dice, por cierto, de los riesgos y del impacto que se causa a las zonas de baño ni de la necesidad de insistir en iniciativas de comunicación para prevenir y educar; en el civismo, de una vez. Pues claro que hay otra manera de hacer las cosas.
De modo que la patronal hotelera, sin olvidarse en su manifestación de que lo importante es que se cumpla la ley, después de hablar de insensibilidad turística por parte de “las administraciones públicas de ámbito estatal” -faltaría más- cree que la solución estriba en transferir las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma, “para poder regular desde Canarias un aspecto tan importante de la oferta turística del Archipiélago”. En un alarde, llega a afirmar que habría que blindar este asunto en el Estatuto de Autonomía.
En su derecho está de creer que esa es la alternativa idónea pero es inevitable, con los antecedentes, que surjan las dudas. Sobre todo, de fondo. ¿Es que va a haber más sensibilidad, “porque somos de aquí”. No, hombre, no: lo que procede es que las normativas específicas sean aplicadas adecuadamente y que funcione, por tanto, el Estado de derecho. Lo que procede es que el interés general no se vea condicionado por los intereses particulares. Lo que procede es respetar el litoral. Lo que procede es que cada cual cumpla con su deber. Y hacer las correspondientes previsiones, Y de acabar, de una vez por todas, con tolerancias y provisionalidades, germen de infracciones, que, a la larga, se vuelven en contra.
Pareciera que el problema es mucho más grave: la contaminación del litoral.

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