FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

Medidas contra la explotación laboral | Juan Miguel Munguía Torres

La lucha contra la explotación laboral debe tener resultados este mismo año. Ese es el objetivo que se ha fijado el Ministerio de Trabajo en el primer borrador del plan director contra la explotación laboral 2018-2020, contra la explotación laboral, uno de los mayores enemigos del trabajo decente, junto con las conductas fraudulentas, abusivas y vulneradoras de la normativa legal vigente. Por un trabajo digno, constará de 75 medidas para combatir los fraudes del mercado laboral. Las primeras medidas se aplicarán a partir del 1 de agosto. Sin embargo, una de ellas es relevante: hasta ahora, el borrador proponía suscribir un convenio entre la Fiscalía General del Estado y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que definiría un marco general de colaboración entre ambas instituciones en la lucha contra la precariedad laboral.

De cara a la protección del trabajador, se da un paso al frente y se avanza que “igualmente se propondrá que se analice la creación de una Fiscalía especializada en delitos contra los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social”. Se trata de una demanda prioritaria ya solicitada, orientada a acabar con la supuesta impunidad y tolerancia social hacia las vulneraciones de derechos de los trabajadores que deberían considerarse delictivas. El código penal ya recoge en la actualidad, para estos casos, castigos que van de los tres meses de prisión a los seis años. Uno de estos delitos, por ejemplo, penaliza a quien “mediante engaño o abuso de situación de necesidad, imponga a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos […] reconocidos en disposiciones legales, convenios colectivos o contratos”.

La intención sería no tanto castigar y recaudar cuando se detectan las infracciones, apunta el propio texto del plan director, “sino disuadir”. Es decir, pretende que se extienda el temor a las actuaciones de la Inspección de Trabajo para acabar con fraudes de ley tan arraigados en el mercado laboral como el uso abusivo de los contratos temporales. Además de la lucha contra la temporalidad o las jornadas parciales que son, en realidad, completas, también se señalan actuaciones en las subcontrataciones que comportan degradación de condiciones laborales o aumentar la presión sobre el recurso a la figura del falso autónomo.

Asimismo, el Gobierno tiene un plan para reducir los contratos de menos de una semana. En estos momentos, las empresas no tienen que cotizar por sus trabajadores por la parte proporcional de los periodos de descanso. Así, un contrato de trabajo de cinco días daría derecho a un día y medio de descanso, por el que el empresario no cotiza. Es por eso que muchos contratos solo contemplan jornadas de lunes a viernes. La Ley prevé en estos casos un recargo del 36% en la cotización por contingencias profesionales que, con todo, compensa la contratación inferior a una semana. El Gobierno con este plan director pretende que todos los contratos tengan las mismas obligaciones de cotización para desincentivar el uso abusivo de las contrataciones de corta duración.

A los efectos de cómo opera el Código Penal, en relación con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y La Ley de Infracciones y sanciones en el orden social, mencionar el artículo 316 del Código Penal que recoge: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física,…” está castigado con pena de prisión de 6 meses a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Y el artículo 318 del Código Penal que dice:  cuando los hechos previstos anteriormente se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello.

Por último, mencionar la futura creación de una Unidad de Lucha contra la Discriminación, como órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas de lucha contra la discriminación en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, especialmente las retributivas asignada a inspectores especializados. En definitiva, medidas conducentes a atajar el exceso de temporalidad y precariedad en todo el mercado laboral.

munguia@munguiaabogados.com

Añade un comentario

Clic aquí para publicar un comentario