FIRMAS

Sanciones y responsabilidad | Salvador García Llanos

“Quien contamina, paga”, era un viejo principio que sirvió para sensibilizar sobre la importancia de la protección del medio ambiente cuando muchos creían que era una cuestión más de las que se descansa su responsabilidad en terceros. Valía también para advertir de las consecuencias de infracciones e incumplimientos que se prolongaban y eran muy visibles. Pues bien, el principio recobra vigencia y abre algunas incógnitas después de que esta misma semana se haya conocido que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya condenado a España, con una suma a tanto alzado de doce millones de euros cada seis meses, por una mala o incorrecta depuración de las aguas residuales. Entre los núcleos de más de quince mil habitantes por los que nuestro país ha sido llevado al TJUE, hay dos en Tenerife: Valle de Guerra (Noreste) y Valle de Güímar, en el sur de la isla.

La pregunta, entonces, es ¿quién paga? En principio, ya se cuenta con la negativa de la Administración central, lo que significa pasar la pelota de la sanción a las comunidades autónomas o ayuntamientos que estén directamente afectados. Es decir, se podrá demorar y todo lo que ustedes quieran, pero, al final, tendrán que abonar los ciudadanos, bien a través de tasas bien incrementando sensiblemente los recibos del agua mediante tarifas actualizadas. Nada es fácil, desde luego, y mucho menos el disgusto de tener que rascarse el bolsillo, se supone que por importes elevados. Según algunos cálculos, la multa, en caso de que se cumplan los plazos para finalizar las depuradoras, podría ascender en total hasta treinta millones de euros.

La sentencia en virtud de la cual España ha sido condenada subraya “el carácter especialmente prolongado de la infracción”, el cual constituye una circunstancia agravante. El Tribunal interpreta que las dificultades internas de tipo jurídico y económico invocadas por nuestro país no le eximen de las obligaciones contenidas en el derecho de la Unión.

 En todo caso, hay que reparar en la importancia que entraña la dotación y el funcionamiento de las infraestructuras. “Lo que no se ve, importa menos a los gobernantes a y los ciudadanos”, sostenía un antiguo edil portuense responsable de los servicios de este tipo. Estas decisiones de tribunales europeos indican lo contrario. La calidad de vida, la propia seguridad desde el punto de vista de la salud pública, exige también celo y responsabilidad por parte de las autoridades, a las que no gusta, seguro, ser señaladas por infracciones como las que nos ocupan. De modo que está muy bien atender prioridades en políticas sociales, por ejemplo, y hasta para atender gastos lúdicos o similares; pero que piensen en la relevancia que tiene reutilizar o reciclar agua o evitar vertidos incontrolados cuyos efectos contaminantes terminan siendo muy nocivos. Y no se reparan, por mucho dinero que se abone. Se trata de no producir más agresiones al medio ambiente y de poner punto final a la impunidad. Se trata, en fin, de ser responsables y tener claro que, a estas alturas, hay bienes colectivos que mantener y preservar.

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