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A babor | Punto (y seguido) | Francisco Pomares

El Consejo de Ministros (y Ministras) de hoy viernes aprobó por fin la subida hasta el 75 por ciento del descuento para residentes en los vuelos entre Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y la Península. En poco más de dos semanas se habrá logrado materializar lo que el ministro Ábalos aseguró que no podía hacerse antes de seis meses. Uno puede entender que un ministro recién llegado confunda los plazos o se fíe de opiniones interesadas. Pero lo que ha ocurrido en estas dos semanas ha sido de chiste: tras el monumental cabreo de Ana Oramas en el Congreso, cada día nos hemos encontrado con una nueva ocurrencia. Además, el retraso en la aplicación de la reducción ha perjudicado a un número indeterminado de personas y familias que plantearon sus desplazamientos antes de este sábado, y también a quienes creyeron que no habría nuevo descuento hasta fin de año y se precipitaron a garantizar sus compras de billetes.

Pero en fin, mejor tarde que nunca. Para las hemerotecas queda el recuerdo pormenorizado de cómo lo imposible se convierte en posible por la presión popular, y de la colección de errores del ministro, entre ellos unas estrambóticas declaraciones en las que el hombre denunció la politización y el partidismo en torno a este asunto. Habría que preguntarse si el descuento a residentes habría entrado en vigor de no producirse la airada reacción de partidos, administraciones y ciudadanos. Yo estoy convencido de que no. En la rápida resolución de la monumental metedura de pata de Ábalos ha tenido mucho que ver la generalizada percepción de afrenta, de ninguneo, de maltrato, que se extendió en la ciudadanía, después de que se hubiera anunciado que la medida iba a entrar en vigor el 1 de julio. En Canarias somos muy dados a reaccionar ante estas cosas alegando nuestros derechos? y es conveniente colocar las cosas en su sitio: el 75 por ciento del descuento por residencia -o el cien por cien, planteado por el PP ahora en la oposición- no es un derecho de los canarios, es el fruto de una negociación política que incorpora argumentos muy razonables sobre la conveniencia de abaratar coste de los desplazamientos, para reducir el impacto de la distancia y la imposibilidad de recurrir a otros medios de transporte con la Península. Aún así, y a pesar de esta defensa numantina nuestra, la medida tiene sus luces y sombras. Se ha querido equipararla al descuento en los trayectos interinsulares, obviando que en Canarias los precios de los pasajes están regulados. No ocurre lo mismo en este caso: las compañías pueden subir precios si lo estiman oportuno, y probablemente lo harán, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, aprovechando que a los pasajeros canarios les saldrá más barato. Eso perjudica el turismo peninsular. Y luego está la cuestión de compensar igual todas las tarifas, incluyendo las “bussines”. No parece razonable que con recursos de todos se paguen las tres cuartas partes del billete a quien quiera viajar en primera. No es una cuestión de coste: es un desatino destinar recursos públicos a eso. La solución para esos dos problemas sería establecer una tarifa máxima bonificable, como se planteó desde el Ministerio. En medio del conflicto creado por la demora, la propuesta fue inmediatamente rechazada, a pesar de que resolvería el injusto despilfarro que implica subvencionar billetes de primera, y obligaría a las compañías a medir muy mucho sus decisiones tarifarias.

Es difícil que el Gobierno “desconsolide” el descuento a la residencia. Menos cuando quien puede y debe revisar cómo se materializa la bonificación es un hombre acobardado por la reacción a sus errores. Pero se trata de dinero público, y esta subvención generalizada requiere de retoques. El tiempo lo acabará demostrando.

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