FIRMAS Francisco Pomares

A babor | In extremis | Francisco Pomares

El sábado a las seis de la mañana, cuando solo faltaban dieciocho horas para la finalización del contrato, la negociación para evitar que la tele canaria se fuera a negro quedó sellada con un acuerdo suscrito «in extremis» entre José Carlos Naranjo, administrador único de la televisión pública, y el representante de la adjudicataria, Juan de Miguel. Un contrato de seis meses para el alquiler de los locales de Videoreport y sus infraestructuras, que serán gestionadas directamente por la televisión, mientras no se encuentran otras instalaciones. Finalmente, y a pesar de la resistencia a ningún acuerdo del socio canario de Videoreport, la empresa optó por lo práctico y se avino a la propuesta formulada por Naranjo Sintes para que cedieran sus instalaciones. Simultáneamente, el Ente cerró otro acuerdo con Celinex para garantizar el transporte de la señal, que también vencía a las 24 horas de la noche del día 30, y se negocia la continuidad de los 90 trabajadores de las empresas subcontratadas por Videoreport, que pasarían igualmente a ser subcontratadas por la Televisión Pública.

Después de tres años largos de mareo de la perdiz por parte del Parlamento, el administrador del Gobierno cerró en apenas unas semanas la decisión clave -subrogación del personal- y salvó los escollos para la continuidad del servicio. Podrías ser considerado, más que un éxito, casi un milagro, pero no lo es: Videoreport aceptó al final un formato que le ha ahorrado millones en indemnizaciones a sus empleados (tendrá, eso sí, que hacerse cargo del despido de sus directivos), y sacar algo por el alquiler durante seis meses de unas instalaciones ya obsoletas y completamente amortizadas. Falta aún saber cuánto pagará el Gobierno por el alquiler de esas instalaciones a Videoreport, algo que probablemente se conocerá hoy.

Pero esto no ha acabado. En absoluto. Todo lo que ha hecho el administrador es provisional, desde la subrogación, hasta los alquileres. Hace falta que el Parlamento se pronuncie sobre qué tipo de televisión quiere, y eso ocurrirá -lo más tarde- coincidiendo con la aprobación de la nueva ley, este septiembre. Y falta que el gobierno inicie la contratación de los nuevos equipamientos e instalaciones.

Coalición Canaria, el Partido Popular y Nueva Canarias, han apostado hasta ahora -con distintas intensidades- por mantener la gestión privada de los informativos. El PSOE y Podemos se han posicionado claramente en sentido contrario. Los hechos han demostrado hasta qué punto un contrato de servicios vinculado a medios de comunicación que operan en Canarias puede llegar a enrarecer el clima político. Y no es la primera vez que pasa: ocurrió las dos veces que se negoció el multimillonario contrato de los informativos, cuando se le dio el contrato a Videoreport, y cuando lo perdió. No debería repetirse nunca más un espectáculo tan bochornoso como el vivido estos dos últimos años, con presiones descaradas, judicialización, sacrificio de personas, castigo a instituciones, y la más que probable compra de voluntades políticas, evidenciada -entre otros casos- con el voto huidizo del PSOE en el Parlamento de Canarias cuando se votaba la elección de miembros del Consejo rector.

Que los servicios informativos sean públicos ni garantiza su independencia ni su profesionalidad, es obvio que eso es otra guerra, que también debe pelearse. Pero al menos permite a sus gestores y a sus profesionales trabajar por una televisión mejor sin presiones empresariales externas.

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