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Medidas drásticas ante la degradación galopante | Salvador García Llanos

El Gobierno de Filipinas ha decretado el cierre a los visitantes, por un período de seis meses, de la isla Boracay, considerada como uno de los destinos vacacionales preferidos del archipiélago, con unos veinte mil habitantes. Su popularidad se debe a la transparencia de sus aguas y a la finísima arena de su playa principal, considerada como una de las mejores del mundo. Las autoridades venían señalando que las aguas de la paradisíaca isla se habían convertido en una auténtica “fosa séptica”. Otro cierre, por tiempo indefinido, de la isla Koh Tachai, en el mar de Andamán, decidió hace un par de años el Gobierno de Tailandia. Ya era tarde pero había que intentar salvar los corales, la flora y la fauna en unas aguas ideales para la práctica del buceo.
 
Seguro que hay más casos. Hace pocas fechas aludimos al problema detectado con la invasión de plásticos en las islas del archipiélago Chinijo, en Canarias. Y a finales del verano pasado, también tratamos las consecuencias de la saturación turística en Menorca, una de las islas Baleares. La sobreexplotación genera muchos problemas en lugares preciosos, idílicos, naturaleza casi pura. La carga de la presión humana, desde el transporte y las vías de acceso, pasando por la prestación de servicios y los vertidos incontrolados, se hace insoportable, principalmente en los ámbitos costeros. El ejemplo del cierre de Boracay es ilustrativo: llega un momento en que no se puede más. La degradación se impone sin freno y el deterioro medioambiental llega a ser de tal magnitud que a las autoridades no resta otra opción que las medidas radicales.
 
Cierto que la oferta turística es cada vez más sofisticada, sobre todo con ofertas tentadoras y placenteras. La accesibilidad y los precios de transporte también contribuyen a fomentar destinos únicos, vinculados al naturalismo y a actividades como las subacuáticas. Pero las amenazas a los encantos y a la biodiversidad son un hecho, una constante. Y es difícil sortear. La conservación de parajes y rincones que no se piensa que existían hasta que se disfrutan se hace cada vez más complicada. Pero los poderes públicos y las autoridades están obligados a la adopción de medidas claras y terminantes para preservar espacios naturales, sobre todo.
 
Tiene que existir un compromiso social para proteger zonas costeras, parajes, recintos y espacios que corren peligro simplemente porque hay exceso de humanos cuyo comportamiento, además, deja bastante que desear. Mares esquilmados, aguas contaminadas, arenas o rocas dañadas hasta representar un auténtico peligro para usuarios y visitantes. Hay que cuidar los ecosistemas, de acuerdo; pero no basta con las actividades de los responsables competentes: los ciudadanos también están obligados a colaborar, siquiera para no tener que avergonzarse cuando los medios de comunicación reflejan esas acciones de limpieza de fondos submarinos.
 
A ver si entendemos de una vez que la naturaleza es de todos y que todos estamos obligados a cuidarla.

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