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Consumidores y usuarios: protección | Juan Miguel Munguía Torres

La protección de los consumidores y usuarios se basa en la concurrencia de una posición de desequilibrio en el marco de la contratación de bienes y servicios susceptible de generar abusos. La inferioridad o debilidad potencial del consumidor se manifiesta de forma más acusada en determinados grupos debido a particulares situaciones subjetivas. Al individuo que se integra en estos colectivos se le denomina “consumidor vulnerable”, expresión que ha ido ganando aceptación en los últimos tiempos.

La Circular 2/2018, de la Fiscalía General del Estado sobre nuevas directrices en materia de protección jurídica de los derechos de los consumidores y usuarios supone el incremento del Ministerio Fiscal, de forma progresiva, en el ámbito de las acciones colectivas en materia de consumo, así como defender los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a actos o disposiciones de las Administraciones Públicas. La figura del Fiscal encargado de la materia de consumidores y usuarios enmarcado va a proporcionar a la sociedad de la correspondiente área, provincia o comunidad autónoma un referente concreto, conocido y accesible, teniendo en cuenta el marco normativo y el contenido del art. 51 de la Constitución Española, que exige la actuación coordinada de todas las Administraciones implicadas al objeto de garantizar la protección y defensa de los consumidores y usuarios. La coordinación de todos los poderes públicos y el deber de colaboración interadministrativa tienen incidencia especial en el ámbito de la protección de determinados colectivos que precisan de una defensa más intensa debido a las posibles situaciones de abuso.

Se establece con esta circular un amplio marco de protección que abarca aspectos jurídicos, administrativos y técnicos. Al mismo tiempo, la intervención del Fiscal no es imperativa, pudiendo actuar (demandar o intervenir) o no hacerlo, atendiendo a la situación concreta del ciudadano. Incluso puede retirarse del procedimiento si considera que ya no concurre situación de desprotección que justifique su intervención o no concurra interés público. Y la intervención del Fiscal cuando el consumidor entable una acción individual en su defensa se constituye como un mecanismo excepcional de protección jurídica. En todo caso, el Fiscal debe ponderar cuidadosamente la situación y conocer la opinión del ciudadano afectado para valorar la oportunidad de la misma, en el marco de las correspondientes diligencias preprocesales. Idéntica solución se arbitra en el marco de las demandas en materia de honor, intimidad e imagen o de protección de derechos fundamentales.

Destacando que los poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado, destaca el importante papel de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (organismo autónomo que refunde los precedentes Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, a partir del RD 19/2014, de 17 de enero), entre cuyas funciones se encuentra la coordinación de las actuaciones de las Administraciones con competencias que incidan directa o indirectamente en el consumo, la seguridad alimentaria y la nutrición y “la preparación de acciones judiciales en defensa de los intereses generales de los consumidores”.

Destaca en la circular, tanto en el marco de la acción individual como en el de la colectiva, la adopción de medidas cautelares que constituye una parte importante de la tutela jurisdiccional. Hacer mención a la solicitud del Ministerio Fiscal y en el ejercicio de una acción colectiva de cesación en materia de condiciones generales de la contratación, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de A Coruña (Auto 141/2017, de 14 de septiembre) que estimó las medidas cautelares consistentes en la prohibición cautelar y temporal de facturación de servicios de telefonía durante determinados períodos indebidos, y la prohibición de inscripción de los clientes que no abonen tales facturas en ficheros de solvencia patrimonial. Resulta así una mayor protección jurídica a los consumidores y usuarios.

munguia@munguiaabogados.com

 

 

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