FIRMAS Juan Miguel Munguía Torres

Quebrantamiento del deber de custodia | Juan Miguel Munguía Torres

La igualdad y el respeto de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y de la sociedad en su conjunto. Debemos reconocer la centralidad de los derechos humanos de los individuos dentro de los contextos familiares y condenar y actuar efectivamente sobre los abusos de los derechos humanos que tienen lugar en contextos familiares.

Hoy en día, muchos menores o personas con discapacidad necesitada de especial protección se encuentran bajo el cuidado de terceras personas de manera temporal, por ejemplo, los abuelos o los tíos. El supuesto que tratamos es cuando el menor o discapacitado a cargo de un tercero, no lo presentan a sus padres o guardadores sin justificación para ello.

En el Código Penal existe tipificada esta conducta como infracción penal, recogiendo  el artículo 223 del Código Penal, que trata el delito de quebrantamiento de los deberes de custodia, cuya condena puede comprender una pena de prisión de seis meses a dos años que recoge lo siguiente: «El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave.»

La consumación del delito se produce ante la negativa de presentar al menor a sus padres o guardadores. Sin embargo, el artículo 223 exige que concurran tres requisitos más:

  1. Que los padres o guardadores hayan requerido previamente al sujeto activo para que realice la entrega del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección sometido a su custodia temporal. El citado requerimiento debe ser realizado mediante cualquier medio de prueba admitido en el Derecho Penal. 2. Que la persona que tiene a cargo de la custodia del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección no acredite una causa que justifique su negativa a la entrega del mismo.3. Que exista intencionalidad por parte del sujeto activo, es decir, no se aprecia el delito si falta el dolo.

El bien jurídico protegido en el delito de quebrantamiento de los deberes de custodia, son las propias relaciones familiares, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones que existen entre los miembros de una familia. Esta protección se contiene además en el Artículo 39 de la Constitución Española que dice que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Asimismo, los poderes públicos deberán establecer una protección integral de los hijos, quienes son iguales ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. Y que los progenitores deberán prestar asistencia de todo tipo a los hijos, ya sean habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad así como en los demás casos en que legalmente así sea procedente. Y finalmente, concluye el precepto que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Nos encontramos ante un delito de mera omisión para cuya consumación no se requiere la producción de un resultado, sino que es suficiente con que la seguridad del menor o del incapaz se vea afectada como consecuencia de no haber sido reintegrados a sus padres o guardadores.

Pleitos tengas y los ganes, decía una antigua maldición

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