FIRMAS Francisco Pomares

A babor | Lo imposible | Francisco Pomares

Contra todo pronóstico, después de dos años de un ridículo monumental tras otro en lo que a la tele canaria se refiere, el Parlamento consiguió el viernes pasado ponerse de acuerdo, en una reunión que apenas duró unas horas, y redactar y presentar una ley para desatascar la situación creada por la dimisión de Santiago Negrín como presidente del Consejo Rector de la tele y administrador de sus sociedades. Se trata de una iniciativa que fue ayer admitida a trámite por el Pleno del Parlamento, y que una vez aprobada permitirá disolver lo que queda del inoperativo Consejo Rector elegido por el propio Parlamento y permitirá al Gobierno nombrar a un administrador único del Ente, con fecha de caducidad a 31 de diciembre de este año. Alguien que pueda evitar que la televisión cierre por vencimiento de su señal y por incapacidad para emitir, además de dejar de contar con servicios informativos. La televisión sería entonces dirigida durante seis meses por una suerte de mirlo blanco que resolvería los problemas actuales y dejaría listas las cosas para cuando llegue la reforma de la catastrófica ley del 2014, montada por los partidos para evitar que Willy García siguiera haciendo de las suyas, pero que se estrenó con García ya fuera, y solo ha servido para frenar cualquier iniciativa destinada a poder sacar a concurso los servicios informativos.

Por si alguien lo olvida, el bloqueo de la tele se inicia cuando Santiago Negrín intenta poner en marcha el procedimiento para adjudicar el concurso de 144 millones por los servicios informativos. La adjudicataria sospecha que la intención del Gobierno es no adjudicarle de nuevo, y hace todo lo posible por impedir el concurso, para que Negrín tuviera que elegir entre una renovación ilegal del contrato o llevar la tele a negro. Y es entonces cuando se detectan dos estrategias. La de la adjudicataria, que llega a presentar hasta 17 recursos para evitar que el concurso se celebre, apoyada por Román Rodríguez y la representante del PSOE en el Consejo, María Lorenzo, hija de un empresario vendedor de transporte de señal televisiva. Lorenzo actúa como si las incompatibilidades no existieran, y al margen de las instrucciones de su partido. A esa estrategia se opone la de los empleados de Videoreport, los sindicatos, Podemos y el PSOE de Ángel Víctor Torres, partidarios de que los servicios informativos sean gestionados desde lo público. Negrín podía -y a mi juicio debía- haber optado por avanzar en esa segunda dirección. La Ley de Televisión no lo impide y el Parlamento no aprobó un mandato marco que mantuviera la externalización. Con tiempo habría sido una opción no traumática y respaldada -probablemente- por todos los grupos políticos.

La ley puente admitida ayer a trámite, y que se aprobará definitivamente entre mediados y finales del próximo mes, permitirá al administrador que nombre el Gobierno (si es que encuentran a alguien dispuesto a asumir una responsabilidad equiparable a sentarse durante seis meses en un potro de tortura y luego hacer mutis por el foro) plantear la aprobación de un mandato específico del Parlamento para que los servicios informativos sean gestionados directamente por el ente o sus sociedades, como ya ocurre con la radio canaria. Personalmente, creo que es la única salida razonable para este berenjenal, aunque no es el único problema que la televisión tiene: no solo hay que recuperar el control y la gestión pública de los informativos, también hay que hacerlos independientes de quien gobierna, profesionalizarlos en contenidos y cambiar su presentación arcaica, además de mejorar una programación intrascendente y a ratos casposa que limita la audiencia de la tele canaria. Demasiadas cosas para hacer en solo seis meses. Más que un administrador único, lo que la tele necesita es un (o una) superhéroe.

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