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A babor | Fiscalidad: verdades con mentira dentro | Francisco Pomares

Hace años que -desde la Consejería de Hacienda, la ocupe quien la ocupe- se niega la percepción recurrente de los cambios que se han operado en el diferencial fiscal que existe entre Canarias y el resto de España. La menor carga fiscal de Canarias es una de las claves que explica la supervivencia de la economía isleña, una economía insular en la que -desde siempre- se han pagado menos impuestos que en el territorio continental. La Ley de Puertos Francos promulgada por Bravo Murillo en 1852 supuso la liberalización de la entrada y salida de mercancías del Archipiélago, y el impulso de la economía agraria local. La ley eximía del pago de aranceles a los productos importados o exportados, favoreciendo el comercio y la exportación del plátano y el tomate con el continente europeo. Los puertos francos fueron sustituidos por el Régimen Económico y Fiscal de 1972, que algunos consideran la base del fuero canario, y que ha perseguido siempre el mantenimiento de incentivos fiscales.

El Gobierno regional defiende la tesis de que el REF y el IGIC han logrado mantener el diferencial con el resto del país -más allá de las modificaciones y saltos coyunturales que se han producido en algunos momentos- y que ese diferencial prácticamente no ha variado desde la creación de la Autonomía, en 1982. Eso es cierto. Y no lo es, porque toda verdad puede encerrar también una mentira.

 

Rodolfo Espino, profesor de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la ULPGC, publicó en el último número de Hacienda Canaria, un artículo que adapta y resume parte del informe ‘Directrices para la reforma fiscal en Canarias’, dirigido por José Luis Rivero, catedrático también de Economía Aplicada de la ULL, y ex presidente del Consejo Asesor de la Presidencia del Gobierno. En ese trabajo, publicado en marzo de este año, se documenta la evolución del diferencial fiscal entre Canarias y el resto de España durante los últimos 35 años, y se demuestra que en ese el diferencial fiscal sólo ha disminuido menos de un punto porcentual, pasando de 10,1 a 9,2 puntos. A lo largo de los 35 años de Autonomía, la diferencia entre los impuestos que pagamos en Canarias y los que se pagan en el resto de España, alcanzó su valor máximo en 1991 (con 15,7 puntos) y su valor mínimo en 1996 (8,9 puntos). El valor medio del diferencial entre 1982 y 2016 ha sido de 11,2 puntos.

Pero la composición interna del diferencial sí ha cambiado radicalmente en estos años: las cotizaciones a la Seguridad Social, que son el principal impuesto en la fiscalidad canaria y española, contribuyen hoy poco al diferencial fiscal, al contrario de lo que ocurría en 1982. Los impuestos sobre la propiedad -bienes inmuebles, patrimonio- también mantienen una reducida aportación al diferencial. Y lo mismo ocurre con los impuestos sobre el consumo y la producción. Son -según revela Espino Romero en su artículo- los impuestos a la renta del trabajo y capital la base principal del diferencial, demostrando que el núcleo de la especialidad fiscal de las Islas se ha trasladado las últimas tres décadas y media desde las franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo -que beneficiaban al conjunto de la población- hacia los incentivos fiscales a la inversión empresarial. Lo que eso quiere decir es que -aunque es cierto que sólo se ha reducido en un punto la diferencia entre los impuestos que se pagan aquí y en el resto de España-, ahora pagamos más los ciudadanos y consumidores, y menos las empresas. Las empresas no han salvado el diferencial, como ha dicho por ahí alguien. Es el diferencial el que está salvando a las empresas. Cuando se habla del REF para la gente, quizá no se esté diciendo precisamente toda la verdad.

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