FIRMAS Francisco Pomares

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Tres de los ocho detenidos por la Policía Nacional en Lanzarote, por obligar a varias menores de edad a consumir droga y prostituirse en un club de alterne de la Isla, ingresaron ayer en prisión acusados de trata de seres humanos, corrupción de menores, pornografía infantil y tráfico de estupefacientes. Los tres encarcelados -el dueño del local y jefe de la organización criminal, uno de sus empleados, portero del club, y el que se ocupaba de llevar y traer a las niñas desde dónde estaban secuestradas hasta el local en el que ejercían la prostitución-, forzaban a las adolescentes -de entre 16 y 17 años- a consumir droga y prostituirse. Para obligarlas, las sometían a un férreo control de todos sus movimientos, en el que incluso se recurría a la violencia.

No es, por desgracia, la primera vez que se producen detenciones en Canarias por delitos similares con adolescentes, casi siempre niñas entregadas a la tutela y vigilancia de los servicios de atención a menores. De hecho, la práctica de secuestrar a adolescentes de los centros para prostituirlas fue denunciada hace ya seis años por la Fiscalía de Las Palmas, que comprobó la existencia de varios casos de niñas tuteladas por la Dirección General del Menor que se prostituían en locales de alterne sin que nadie lo impidiera. Eso fue denunciado hace seis años, después de que la dirección de los propios centros constatara la desaparición durante largos períodos de tiempo de las jóvenes, y su relación con conocidos proxenetas. La misma exacta historia de ahora, repitiéndose desde mucho atrás, sin que se haya hecho nada por atajarlo. Y ahora no se puede alegar desconocimiento: sobre todo después del caso de las 18 Lovas, cuando seis hombres fueron detenidos en Gran Canaria por su vinculación a una trama que se dedicaba a reclutar a niñas y mujeres a través de una agencia especializada en la captación de adolescentes. La agencia, conocida por su implicación en una fiesta en la que participó un conocido empresario, enganchó a varias chicas de familias rotas, teóricamente tuteladas por Menores. De los seis detenidos, solo uno de ellos sigue en prisión.

Y en los centros no ha cambiado nada: en los centros siguen mezclados menores conflictivos, en aplicación de medidas judiciales, con jóvenes con trastornos de conducta, y niños -incluso bebés- en situación de desamparo. La gestión de los centros depende de los cabildos, pero la tutela de los menores es competencia del Gobierno regional, que siempre responde que los chicos y chicas que se entregan a redes de prostitución están en los centros en régimen abierto -libres de entrar y salir cuando quieran- y que no se les pueden controlar. Es cierto que es difícil controlar los movimientos de un adolescente, incluso de uno sin problemas derivados del maltrato o la conflictividad. Pero el Gobierno tiene que poner los medios para que estas situaciones no puedan repetirse.

Es el Gobierno quien tiene la tutela de estos chicos y chicas, tras quitársela un juez a sus padres, en la mayoría de los casos por situaciones muy graves, maltrato, delincuencia? El Gobierno ha aceptado asumir la responsabilidad de ser padre y madre de estos chicos y tiene la obligación de protegerlos y adoptar medidas para que estos casos no se repitan. No puede hacerlo con menos de dos docenas de asistentes sociales para atender a más de 3.000 chicos en situación de desamparo. Siempre hablamos de las cosas que el Gobierno debe y puede hacer, de las prioridades que deben presidir el gasto y las decisiones. Si para esta sociedad tan preocupada por el lenguaje, las formas, los gestos y la decencia ajena, no es prioritario evitar que niñas y niños caigan en manos de redes de explotación sexual y pederastia, que sucumban desde adolescentes a la peor explotación y a la violencia, entonces yo no sé muy bien que entendemos por prioridad.

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