En una apretada carrera por ver quién se cobra la piel de un oso que muy improbablemente llegará a ser cazado, Ciudadanos se adelantó al PP anunciando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018, y justificando ese apoyo por haber logrado que las pensiones más bajas suban el dos por ciento. En el partido de Rivera fueron prudentes: lo que el martes anunció el Gobierno va bastante más lejos: se asume el compromiso de subir el dos por ciento las pensiones más bajas, tanto las mínimas como las no contributivas, y además se mejoran las de viudedad hasta un dos por ciento, y se añaden subidas por encima del 0,25, aunque por debajo del IPC, a los tramos de pensiones inmediatamente por encima de las más bajas. A eso se acompañan medidas sobre el IRPF, como la exención de declarar hasta los 14.000 euros (dos mil más que ahora), y rebajas fiscales en el tramo entre 14.000 y 18.000. Y una subida del 1,75 por ciento para los sueldos de todos los empleados públicos. Se trata de un presupuesto en el que se anuncia reparto, un presupuesto declarado expansivo (sin serlo), que sube el gasto y rebaja cosméticamente los impuestos, y que ha sido realizado con intención evidentemente electoral. Montoro ha tenido el descaro de presentarlo sin tapujos «como el presupuesto de los jubilados y los pensionistas» (dos de los sectores sociales que tradicionalmente han apoyado al PP), y que en los últimos tiempos se han movilizado contra el inmovilismo de Rajoy.
Si al final el PNV renuncia a convertir la suspensión del Artículo 155 en Cataluña en condición indiscutible para apoyar el proyecto, y se aviene por fin a sacar unas cuentas en las que el País Vasco recibe -como ya ocurrió el ejercicio pasado- un caudal enorme de recursos palaciegos, será entonces bueno para el PP: Rajoy tendrá un presupuesto con seis meses de retraso, con poca influencia en la economía, pero justo para ser esgrimido en las próximas elecciones europeas y locales. Y si eso no ocurre, siempre se podrá acusar a quienes no han querido apoyar las cuentas en el Congreso -el propio PNV, PSOE, Podemos y los catalanes- de ser los responsables de que los trabajadores públicos se queden sin aumento de sueldo y casi siete millones de beneficiarios de las subidas de pensiones y bajadas de impuestos se queden con las ganas.
Estamos, pues, ante otra jugada del impermeable Rajoy: una jugada que el Gobierno se permite por dos motivos: uno, porque Hacienda vive momentos de euforia en la recaudación, pero que no implica ni una voluntad de reequilibrar la distribución de la riqueza en este país, ni tampoco sirve para activar realmente la economía. Porque no es un presupuesto expansivo, sino un presupuesto electoralista, que oculta la obligación del Estado -obligación ineludible ante la Unión Europea- de reducir el déficit público casi un punto, pasándolo del 3,07 al 2,2 por ciento. Y el otro motivo es que lo más probable es que este proyecto de presupuestos no llegue nunca a ser aprobado por las Cortes. Pero presentarlo supone desviar la atención precisamente del hecho de que no puede aprobarse, y además mantiene entretenida a la oposición, que asume de paso el desgaste de oponerse al maná que iba a caer del cielo.
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