Román Rodríguez ha salido a defender la reforma del sistema electoral canario planteada por su partido y otros tres en el Parlamento de Canarias, con argumentos en los que -entre otros asuntos- asegura que en el acuerdo «ha contribuido el destacado papel desarrollado por [la asociación] Demócratas para el Cambio». Supongo que lo que intenta Román Rodríguez es vincular el acuerdo alcanzado al rol desempeñado por Demócratas para el Cambio para que se produjera una reforma de ese sistema que -sistemáticamente- se nos recuerda es el menos proporcional de España. Sin duda lo es, pero el acuerdo alcanzado por el Parlamento no resuelve en absoluto el problema de la desproporción entre unos votos y otros, que era la primera exigencia de Demócratas para el Cambio. Y no se parece, ni de lejos, a ninguna de las propuestas recogidas por ellos, siempre preocupadas por mejorar sustancialmente la igualdad en la representación.
Sí es cierto que el acuerdo incorpora una importante mejora, que es la rebaja de los topes electorales, del 30 por ciento insular -la mayor vergüenza de nuestro modelo- al 15 por ciento, y del seis por ciento regional, a un porcentaje aún por definir: PSOE, Nueva Canarias y Podemos quieren que sea del tres por ciento, y el PP del cinco por ciento. Es decir, que el acuerdo del Parlamento nace con desacuerdos ya en el punto de partida. Pero es curioso que se nos oculte que lo único importante del acuerdo esté ya desde hace años incorporado a la reforma que se incluye en el nuevo Estatuto de Autonomía. No es una novedad, pues, es algo asumido por todos los partidos. Curiosamente, la elevación de los topes hasta el 30 por ciento insular y el 6 por ciento regional, con la que algunos periodistas fuimos muy críticos en 1996, fue impuesta por el partido de Román Rodríguez -Coalición Canaria- para provocar que el PIL, que se había escindido de Coalición, se quedara fuera del Parlamento. Y así ocurrió: siendo el segundo partido más votado de Lanzarote, con un 28,2 por ciento de los votos, frente a Coalición, que sacó el 28,5, el PIL no entró, mientras a Coalición se le adjudicaron cuatro escaños. Fueron esos topes los que permitieron que Román Rodríguez se convirtiera en presidente. La historia se olvida.
Por eso, frente al ruido y la mentira, conviene recordar que la actual propuesta de Rodríguez no cambia el hecho de que un diputado del Hierro o de La Gomera cueste muchísimo menos que un diputado de Gran Canaria o Tenerife. Eso sigue exactamente igual. En Canarias, la diferencia de valor del voto de El Hierro en relación con el de Gran Canaria o Tenerife es 17. Y sigue siéndolo exactamente igual. El colegio de restos permite reutilizar votos desechados. Pero no resuelve el problema de la representación, no sirve para eso. ¿Por qué se establece entonces? Básicamente para recuperar para los partidos los diputados que perderán al desaparecer los topes. La incorporación de fuerzas políticas que no entraron en el Parlamento por la doble barrera de los topes, haría que Nueva Canarias -y otros partidos- perdieran representación. Por eso crean un sistema para no perderla, y nos lo venden como una gran mejora.
Lo cierto es que no hay mejora con diez diputados más. La habría -y podría aceptarse el gasto que suponen- si sirvieran para crear una circunscripción regional donde cada voto valiera lo mismo, o para aplicar el formato que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: dos diputados por circunscripción y el resto por población. Fórmulas que pueden implicar gasto, pero resuelven el problema. Lo que han acordado en el Parlamento es un apaño cuyo único objetivo es que los partidos no pierdan diputados por bajar los topes. Un apaño tan malo que ni siquiera se han acordado de que el número de diputados sea impar, para evitar bloqueos y empates, como ocurre en todas las cámaras regionales, excepto en Navarra y aquí. Lo han hecho muy mal. Porque estaban -como siempre- pensando sólo en lo que a ellos les conviene.
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