FIRMAS Francisco Pomares

A babor | Ruido de grúas | Francisco Pomares

Vicente Garrido, fiscal del TSJC, ha introducido una nueva variante en el caso Grúas, al proponer que se devuelva la causa al Juzgado de La Laguna para que la juez Celia Blanco justifique el traslado de la causa al TSJC. La juez decidió primero archivar el asunto, y tras ser reconvenida por el juez Landete, decidió desentenderse del mismo, remitiéndolo al TSJC, junto con los fundamentos jurídicos aportados por la Audiencia, en los que se alude a dos decisiones de Clavijo sobre las que -según Landete- habría que investigar más. Esas decisiones son las relativas al levantamiento de los repartos formulados por la intervención municipal a un préstamo concedido por el ayuntamiento a la empresa concesionaria de las grúas, para evitar que esta dejara de prestar el servicio.

Al final, al proponerse la devolución de la causa relacionada con la actuación de Clavijo durante sus etapas como concejal de Seguridad y alcalde de La Laguna, lo que se produce es la decisión de que no se interrogue al actual presidente del Gobierno -y por tanto no se le investigue/impute- al menos mientras la juez de La Laguna no aporte más datos. Como la juez no puede investigar/imputar a Clavijo, por tratarse de un cargo público aforado -le correspondería hacerlo al TSJC-, lo que se le está diciendo a la jueza Blanco es que haga su trabajo y se moje: o encuentra indicios de culpabilidad y los incorpora a la causa o no los encuentra y se acabó lo que se daba. Porque si no los encuentra y los aporta, el TSJC no va a iniciar esa investigación.

El asunto resulta engorroso para los no expertos en materia de enredos judiciales, pero -desde que Landete decidió que había que investigar más- todo esto apesta a pasarse la papa caliente del caso de unos a otros. En realidad, el caso parece tener poca enjundia, y su extraordinario eco mediático ser fruto de la crispación empresarial en torno a la licitación del contrato de la tele canaria. En los últimos días, las informaciones difundidas por el «pool» de medios en guerra con Clavijo por su decisión de no renovar el contrato a Videoreport parecen desinflarse bastante: la especie de que los trabajadores que compraron Grúas Poli habían declarado en sede judicial ser amigos de Clavijo se ha derrumbado al filtrarse a los medios la testifical que demuestra que no dijeron tal cosa, y en los últimos días la defensa del concejal Pérez Godiño -sucesor de Clavijo en Seguridad Ciudadana- se ha amparado en nuevas declaraciones de técnicos municipales que informaron la prórroga del contrato a los gruistas, para pedir el archivo de la imputación.

Es cierto que persiste la duda sobre lo que al final podría ocurrir: la Justicia tiene algo de lotería, y más de un alcalde ha acabado inhabilitado por levantar los reparos a la intervención municipal, una atribución de los alcaldes que casi todos ellos tienen que ejercer en algunas ocasiones. No parece que este sea uno de los casos en los que tal cosa vaya a ocurrir: el crédito se devolvió, el ayuntamiento no sufrió daño patrimonial y el servicio de grúas siguió funcionando. Pero la Justicia la carga el diablo. Este es un caso sometido a una extraordinaria e interesada presión mediática -mucha más de la que tuvo el caso Corredor, en el que Clavijo llegó a estar imputado-, y además parece que hay bronca entre jueces de fondo. Sospecho que al final quedará en nada, pero mientras eso ocurre, y probablemente hasta bien entrado el mes de marzo, seguirá habiendo mucho ruido. Más del que el asunto merece.

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