FIRMAS Francisco Pomares

A babor | Una pregunta al alcalde de Adeje | Francisco Pomares

Comienzan a producirse las primeras contradicciones en el relato sobre el derrumbe de la discoteca Butterfly. Ayer se hizo público el informe elaborado por la empresa pública Gesplan, dentro del Plan de Modernización y Mejora de Costa Adeje, en el que se solicitaba en 2015 la realización de cinco actuaciones de renovación en centros comerciales. En dos de ellos, el Centro Comercial Playa Shop y el Costas (que se mantiene abierto tras el derrumbe de la madrugada del domingo), los técnicos de Gesplan detectaron la existencia de problemas estructurales graves. E informaron de ello.

José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, reconoció el pasado lunes en declaraciones a la televisión canaria que no solo conocía el informe de Gesplan -algo evidente, tratándose de un plan dirigido al ayuntamiento-, sino que se había actuado en consonancia con él. El Centro Comercial Playa Shop fue cerrado y se realizaron en él obras por un valor de 80.000 euros, para mejorar su deteriorado estado y poder reabrirlo al público. Al parecer la mejoría no fue suficiente para evitar el colapso de los forjados, aunque es probable -se contaba ayer en estas páginas- que se evitaran daños mayores. Las declaraciones de Rodríguez Fraga no resultan, en cualquier caso, precisamente tranquilizadoras. De hecho, fueron contundentemente replicadas por el presidente de la demarcación tinerfeña del Colegio de Arquitectos de Canarias, Argeo Semán, que censuró que Rodríguez Fraga calificara como «problemas estéticos» las señales de agotamiento estructural detectadas.

Uno no sabe bien qué pensar. En este tipo de conflictos, nadie actúa de forma absolutamente desinteresada. Los arquitectos, por motivos obvios, quieren aumentar la frecuencia de las inspecciones obligatorias de edificios -Semán habló de que lo correcto sería hacerlas cada diez años, cuando ahora el límite son los ochenta años-, y el alcalde Rodríguez Fraga lo que quiere es que el centenar de pequeños comercios y empresas que se han visto afectados por el cierre cautelar de cuatro de los cinco centros comerciales señalados en el Plan de Modernización y Mejora reabran sus puertas a la actividad económica y puedan hacer caja en esta etapa navideña. Entre ambas posturas, sin duda legítimas, se encuentra la necesidad de garantizar la seguridad de las personas. Aquí está perfectamente claro cuál es el interés general prioritario.

Porque lo que sucedió en la madrugada del domingo puede considerarse como un auténtico milagro. El derrumbe solo afectó a una plancha, pero incluso así podía haber causado perfectamente media docena de muertos y haber convertido el incidente -dramático para todos los afectados- en una auténtica e irreparable tragedia. No es de extrañar que los ciudadanos sospechen que la decisión de reabrir los negocios (y de mantener abierto el Centro Comercial Costa, señalado específicamente en el informe de Gesplan por sus problemas estructurales) es precipitada y podría resultar peligrosa. El ayuntamiento ha contratado a un arquitecto experto en patologías en edificios, pero su trabajo probablemente se centrará en hacer un diagnóstico de lo que provocó el derrumbe de la pista de baile del Butterfly. ¿Puede garantizar Rodríguez Fraga que el resto de los centros que ayer decretó reabrir no suponen ningún peligro? Esa es la pregunta que hoy nos hacemos y que el alcalde debe responder.

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