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Consumo de drogas legales | Salvador García Llanos

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La Unión Europea (UE) es la zona del mundo donde más se bebe, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). España está por debajo de la media europea pero los timbres de alarma han sonado en casi todos los sitios hasta el punto de haber alcanzado una notable preocupación pues en el segmento de edad de los adolescentes los consumos se han disparado como consecuencia de una mayor permisividad y tolerancia.
 
Partamos de la siguiente base: alcohol y tabaco en nuestro país son sustancias legales. Los datos de la OMS, por segmentos de edades (15 a 64 años), son reveladores en ese sentido: el porcentaje de consumo de alcohol (77,6 %; 9,3 % a diario) y de tabaco (40,2 %; 30,8 % a diario), es superior al de los hipnosedantes, con y sin receta (12 %; 6 % diariamente).
 
Y tengamos en cuenta, siempre según la misma fuente, que se mantiene estable la edad media de inicio en el consumo de estas sustancias legales: a los 16,4 años en el tabaco y a los 16,6 en el alcohol. Es cierto que otros estudios más localizados detectan edades más tempranas y acentúan la gravedad del problema, en demanda, posiblemente, de soluciones preventivas siempre difíciles de procesar y aplicar. Pero las instituciones y los operadores sociales deben seguir intentándolo, so pena de que el policonsumo -otra referencia a no perder de vista- siga incrementándose hasta incluir muy frecuentemente (el 90 %) el consumo de riesgo de alcohol y cannabis.
 
Así que el botellón y otros hábitos sociales siguen causando estragos, principalmente entre los jóvenes. El cumplimiento de la normativa sobre la prohibición de venta de alcohol a menores flaquea, seguro. Eso propicia que la sociedad española sea una de las más tolerantes con los consumos: desde hace años, tales consumos se identifican como una señal de libertad o de sentirse mayor. Ya es un hecho, en efecto, que beber alcohol o utilizar estupefacientes o alucinógenos resulte casi un elemento indispensable para un modelo de diversión y ocio tóxico que, a menudo, deja consecuencias negativas para la salud propia y para los entornos en que los jóvenes se desenvuelven.
 
Es cuestión entonces de incidir en las medidas preventivas. No basta, por lo visto, con la información dirigida a las personas consumidoras, sino que se requiere un radio de acción mucho más amplio y una mayor implicación de los agentes sociales. Más formación, más pedagogía, más recursos y más opciones para un ocio más saludable, para unos usos alejados de la toxicidad. No se trata de discursos moralistas ni de sugerencias restrictivas; sí de acabar con vicios a la larga perjudiciales y con percepciones de riesgo aparentemente bajas o inocuas.
 
Esa es la realidad.

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