FIRMAS Joaquín 'Quino' Hernández

El bar de Pepe | Antisistemas de pacotilla | Joaquín Hernández

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Pues que quiere que le diga, si lo que le sucede es que se opone al sistema político o económico establecido, es posible que sin saberlo usted sea un antisistema, cosa que me parece perfecto. Pero si usted está de acuerdo con lo anteriormente citado, es decir que se opone al sistema establecido, y vive cómodamente instalado entre las mallas legales que le permite criticar del sistema y además vivir a sus costillas, usted es un antisistema de pacotilla, o mejor dicho un trepa que critica la forma de vivir de la sociedad en la que usted vive muy bien, o regularmente bien.

Lo sucedido en Cataluña tiene nombre: Sedición, malversación de caudales públicos, así como otros delitos conexos que pudieran atribuirse.  Esta es la verdad y los que quieran camuflarla entre el esperpento, de los que ellos mismos han criticado toda su vida, del nacionalismo a ultranza, saben muy bien que están equivocados, por una cuestión bien simple; las leyes se hacen para cumplirlas todos los ciudadanos y para quienes las incumplen existen sanciones, penas de privación de libertad condicional e incondicional, cárcel con duración indeterminada y consecuente con el delito cometido.

El auto de la Jueza Carmena Lamela por el que se encarcela al ex Vicepresidente del Gobierno de la Generalidad catalana y 7 ex consejeros, no deja dudas al respeto de su prisión preventiva.

Dice la Jueza que al amparo del art. 505 de la ley de enjuiciamiento criminal y a propuesta del Ministerio Fiscal que “ha solicitado la prisión provisional comunicada y sin fianza y la defensa, la libertad provisional…” en los razonamientos jurídicos, la jueza, expone que “nos encontramos ante unos hechos que revisten los caracteres de delitos de cierta gravedad, como es el delito de rebelión, previsto y penado en los arts. 472 y siguientes del Código Penal, el delito de Sedición previsto y penado en el art. 544 y 545 del Código Penal y en  el delito de malversación de los arts. 432 y siguientes del Código Penal”.

La Jueza Lamela, desarrolla el auto conforme a derecho y llega un momento en la lectura del mismo, sobre todo en lo que se refiere al apercibimiento de los servicios y asesorías jurídicas de la Generalitat catalana al ejecutivo del Gobierno y a la mesa del Parlamento autonómico en cuanto a la ilegalidad que se cometía, al convocar a la población a celebrar un referéndum donde se decidiría la independencia en forma de Republica de los catalanes, así mismo advirtiendo de los delitos en que incurrían si se proclamaba unilateralmente la República Independiente de Catalunya.

Lo señores Puigdemont y Oriol Junqueras, los consejeros de su Gobierno, juntamente con la mesa del Parlamento Catalán, incurrieron en delitos graves contra la unidad de España y de los españoles y catalanes en particular, con alevosía y premeditación. Esa es la verdad y no otra.

La Justicia española no tiene más, ni menos, defectos que la totalidad de las justicias del mundo, incluida la justicia catalana. No es perfecta y, por supuesto, suscita muchas dudas en cuanto a su veracidad y en muchas ocasiones la carencia de su finalidad principal cual es la causa justa.

 No es menos cierto que el entramado legal, la red de araña judicial, permite a muchos delincuentes pasar de puntillas por la cárcel y con un poco de suerte terminar su condena con un “brillante porvenir económico”.

No es el caso que nos ocupa, el golpe de Estado del 23 -F los golpistas, siguiendo las ordenes de su “jefe supremo”, asaltaron el Congreso de los Diputados y secuestraron al gobierno de España y a los diputados. Por aquel entonces, y al entrar en la cárcel la mayor parte de los golpistas, formados por personal militar con alta graduación, nadie los consideró “presos políticos”, nadie consideró que Tejero, Milans del Bosch, Armada, etc. fueran encarcelados por “sus ideas políticas”, que seguramente las tenían, lo fueron por los delitos de rebelión, secuestro, etc., o sea como delincuentes comunes.

Puigdemont, Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Turull, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Joaquín Forn, Carles Mundó, etc. no son presos políticos, son políticos, presuntos delincuentes, presos preventivos y a espera de juicio.

Como tampoco son presos políticos los políticos presos por robo, cohecho, prevaricación, etc.

Ya es hora de que empecemos a creer que la justicia es para todos y que todos somos iguales para la justicia. Justificar los delitos cometidos por los gobernantes catalanes es cuando menos injusto y un agravio comparativo para otros delincuentes que está encarcelados por robar cuatro gallinas, dos docenas de huevos, tres tabletas de chocolate y un jamón serrano en Mercadona, si indultamos a los que se pasan la ley por el forro de los cojones, acabaremos como en el antiguo Oeste norteamericano, con el colt en la pistolera y  la canana llenas de balas.

 

 

 

 

 

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