Arrecia la polémica creada por la exposición «Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX», comisariada por Andrés Sánchez Robayna y Fernando Castro. Lo ocurrido con esta exposición es una demostración evidente de la falta de cordura con la que en esta región cainita asumimos los debates, sean del tipo que sean. Da igual que se trate de microalgas, de la implantación del gas como energía de respaldo, o de la necesidad de mejorar la incorporación de la memoria de las mujeres a la historia colectiva de la región. Cualquier asunto puede convertirse en un absoluto desparrame, más aún si detrás hay viejas inquinas, venganzas personales, odios torticeros y el eco de unos cuantos miles de «me gusta» en las redes virtuales.
Hace unas semanas fui consultado para apoyar una propuesta cuyo objetivo era solicitar del gobierno una mayor atención a la representación de mujeres en las exposiciones que promueve o patrocina. Juntamente con esa carta, movida por la exviceconsejera de Cultura Dulce Xerach Pérez, los medios publicaron otra de la asociación feminista Artemisia, bastante más radical, en la que se exigía que la selección de las obras a exponer se realice de acuerdo con la ley de Igualdad. Unas desafortunadas declaraciones, atribuidas a Fernando Castro, incendiaron las redes y avivaron la polémica. Castro ha dicho que sus palabras fueron sacadas de contexto, manipuladas para provocar la reacción que se quería, destinada a conseguir la interrupción de la itinerancia de la muestra a Gran Canaria y otras islas, como efectivamente ocurrió al concluir el tiempo que tocaba mantenerla abierta en el TEA de Tenerife. Parece ser que los comisarios se negaron a modificar la exposición para incorporar a más mujeres y que el Gobierno cedió a la presión de las redes y suspendió su continuidad.
Personalmente, lamento que la exposición no se haya llevado a otras islas. Una cosa es considerar que esta o cualquier otra exposición debería contar con mayor representación de mujeres -opinión perfectamente defendible- y otra suspenderla sin una sola explicación por parte de Cultura. Más grave aún, gravísimo desde mi punto de vista, el secuestro del catálogo ya impreso y la especie de que va a ser triturado, para que no quede constancia de la exposición realizada. Dulce Xerach ha defendido la tesis de que no destruir el catálogo sería sentar el canon de que en el siglo XX no hubo mujeres poetas o pintoras. Por supuesto que las hubo, se citen o no en ese texto, cuyo contenido desconocemos porque hasta hoy permanece secuestrado. Pero incluso en la hipótesis de que el catálogo fuera no solo discutible, sino que contuviera graves errores, destruirlo es una salvajada impropia de una sociedad culta, y además elimina la única prueba de que disponen los comisarios para justificar su libre y autónoma selección crítica.
Considero un pésimo precedente que el Gobierno suspenda exposiciones que él mismo ha encargado: la Viceconsejería de Cultura no debe erigirse en intérprete de lo que es correcto o no en materia artística o cultural. Su función debería concluir con el nombramiento de comisarios. Lo otro es pretender dirigir la cultura. Los ciudadanos podemos hacerlo, podemos dar nuestra opinión e intentar influir en el debate social. Pero los Gobiernos no deben cerrar exposiciones o destruir libros porque consideren que no coinciden con lo que en cada momento se considera adecuado o políticamente correcto. Como firmante de una petición para que la acción cultural de la administración contribuya a hacer más visibles a las mujeres, me parece una aberración pensar que eso se consigue destruyendo libros, imitando lo que siempre han hecho todas las dictaduras.
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