Se trataba de hacer cumplir la ley: que los colegios no abrieran y que no se pudiera votar en un referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Para eso fue para lo que se desplegaron diez mil efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a Cataluña. Y no solo no lograron hacer cumplir las leyes y cerrar los colegios, sino que su actuación -básicamente inútil a efectos de parar el referéndum o garantizar el orden- provocó un rechazo masivo en Cataluña, excitó a la participación y ha dejado algunas poderosas imágenes de lo que no se debe hacer, que resultan muy útiles al objetivo de apuntalar el relato independentista en Cataluña y fuera. El Gobierno de Rajoy ha cometido al menos uno de dos errores: o fue un error mandar a la Policía y la Guardia Civil a Cataluña, si no iban a servir para impedir que los colegios siguieran abiertos, o fue un error creer que el operativo iba a resultar suficiente para impedir el referéndum. ¿Podrían haberlo hecho? ¿Podrían haber mantenido los colegios cerrados? Probablemente, pero a costa de una intervención infinitamente más violenta. Visto lo visto, mejor que no fuera así.
Lo cierto es que el Gobierno de la nación ha hecho un ridículo solo comparable en inmensidad al disparate protagonizado por el Govern al permitir que la CUP coloque en situación de rebeldía declarada y desobediencia de las leyes a la mitad de la población catalana. Con estos mimbres es poco lo que se puede hacer. Después del comportamiento de los Mossos, de la dimisión trucada de la Sindicatura Electoral o de haber dejado al ‘molt honorable’ mister tres por ciento pidiendo limosnas por las esquinas, si el Govern decide sobreponerse al cinismo y cumplir con sus propias leyes ilegales, debería declarar la independencia, a más tardar 48 horas después del cierre de los colegios. Yo espero que el Govern sea coherente, y que acto seguido se produzca su detención por sedición, la inmediata intervención y depuración de los Mossos y la aplicación del artículo 155, además de una lluvia fina, intensa y persistente de procedimientos judiciales. Ya puestos en la peor de las situaciones, no está de más entender que lo de Cataluña no se puede resolver más que de esta manera, y ganando un poco de tiempo…
Pero la solución al conflicto no puede ser sólo Estado de derecho y condenas. Hay que negociar. Y para eso hacen falta interlocutores nuevos. Quienes resuelvan este entuerto -cuando toque- no pueden ser los mismos que la han liado. Ni por este lado ni por aquél. Por eso la solución pasa también por el sacrificio de un presidente -Rajoy- que o se la ha cogido con papel de fumar, pensando más como un político que como un estadista, o no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Primero hay que recomponer el maltrecho Estado de derecho, y una vez restaurado -va a costar- abrirlo a la negoción. Que requiere, y no hay otra, de una solución política, en el marco de un retoque constitucional previo, por la vía de una reforma del Estatuto que debe ser luego votada por los catalanes. No existe otra salida.
Y para caminar en esa dirección, sobran quienes nos han llevado a este carnaval de los locos. Empezando por el Govern y sus aliados, pero después, siguiendo con quienes no han entendido nada de lo que ha pasado en Cataluña desde que el PP recurrió el Estatut ante el Constitucional, después de refrendarlo los catalanes. Rajoy debe irse y dejar paso a un equipo nuevo, no amortizado. Pero antes debe hacer el último trabajo que le queda, que es pasar a la Historia como el tipo que respondió a la quinta declaración de independencia de Cataluña con la segunda suspensión de la Autonomía catalana. Hasta que vengan otros y se sienten a arreglarlo.
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