FIRMAS Francisco Pomares

A babor | Por una televisión de verdad pública | Francisco Pomares

Ya se ha dicho aquí: 144 millones de euros son mucho dinero. Esa es la cifra que mueve el contrato de servicios informativos de la Televisión Pública Canaria. Cada ocho o diez años, cuando toca renovar el contrato, los adjudicatarios y aspirantes entran en un conflicto termonuclear de intereses que siempre acaba por enfangar el debate político y parlamentario. El Parlamento -con clara mayoría de la oposición- ha decidido aprobar una proposición del PP para que los servicios jurídicos del Gobierno «certifiquen» la legalidad del proceso iniciado por Santiago Negrín para que la televisión no se vaya a negro dentro de ocho meses. Sus Señorías se entretienen desviando la atención de lo que deberían ocuparse, que es cambiar el actual sistema de producción de informativos. No se entiende por qué, más allá de porque la propuesta del PP -junto al recurso presentado por la productora actualmente adjudicataria- podría dilatar en el tiempo el proceso abierto por Negrín. Lo que el Parlamento aprobó parece dictado por el actual concesionario, que aún no ha entregado al Gobierno la relación pormenorizada de los trabajadores que -en caso de no renovarse el contrato- deberían pasar al nuevo contratista.

El sistema es tan ineficaz como absurdo: los empleados de la productora Videoreport lo fueron antes de la productora Socater, y ahora pasarán a ser empleados de la productora que resulte adjudicataria del servicio de informativos. Todo un trasiego de personal que se explica por el hecho de que la televisión canaria es probablemente la única del mundo en la que sus telediarios son realizados y controlados por una empresa privada con personal privado, los platós son de una empresa privada y todos los medios técnicos, desde las cámaras hasta los equipos que permiten la difusión de la señal, son propiedad privada. La empresa que gestiona el sistema logra -con ese control absoluto de todos los medios que permiten existir a la tele- unos beneficios que en el sector se consideran excesivos y desproporcionados. La cuestión es que la Televisión Canaria se ahorraría mucho dinero contratando directamente al personal y asumiendo la gestión de los informativos.

Y sería razonable pensar que eso es lo que deberían proponer que ocurriera al menos los partidos de izquierda de la Cámara. Esa debería ser la posición del PSOE, Podemos, Nueva Canarias y hasta de los socialistas de Curbelo. Pero nadie defiende seriamente que la tele sea gestionada como una televisión pública, porque hacerlo supone enfrentarse a los intereses de la empresa que hoy gestiona los informativos -vinculada al periódico Canarias 7- o a las empresas que intentan hacerse con el contrato, participadas todas ellas por grupos de comunicación.

Hace ocho años fui cesado como miembro del consejo de administración de la productora Socater. Siendo miembro de aquel consejo me opuse a que se suscribiera la prórroga de los servicios, y propuse que Socater participara únicamente en la adjudicación de los programas de entretenimiento -como hacen todas las productoras del mundo- pero no en los informativos. Hoy -sin vínculo alguno ya con la producción televisiva- sigo pensando que la televisión debe ser pública, sus trabajadores y periodistas depender de una empresa pública, sus gestores y directivos responder ante el Parlamento, y que la participación privada debe limitarse a la producción de programas no informativos. Es una propuesta razonable. Pero entre nuestros políticos no la defiende ni Dios. Andan todos peleados por «colocar» esos 144 millones en la productora del medio que más creen podría llegar a compensarles mediáticamente. Es otra de las vergüenzas de nuestro sistema político. Una vergüenza que salta de nuevo al Parlamento cada vez que hay que renovar el contrato.

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