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AGUA | La Cámara Insular de Aguas de Tenerife: «la actividad privada suministra el 84% del agua de la isla»

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EBFNoticias | La Cámara Insular de Aguas de Tenerife, a la vista de las recientes declaraciones del Consejero Insular y Vice- Presidente del Consejo Insular de Aguas (Europa Press 12-8-2017), estima oportuno formular las siguientes precisiones:

«La Cámara de Aguas afirma que el Sector de las aguas privadas de Tenerife sigue y seguirá apostando, como ha hecho en los últimos siglos, por la producción de agua subterránea, pese a la realidad de los problemas cuya existencia reconoce el Consejero Insular y Vice-Presidente del Consejo, que en su mayor parte comparte la Cámara, pero que no constituyen los únicos, ni los mas importantes para coartar la actividad privada secular.

En el escrito que se comenta se consignan datos ciertos. Si han sido 1.520 excavaciones realizadas por la iniciativa privada para obtener agua subterránea y solo el  41% siguen produciendo, -aportan el 84% (148´85 millones de metros cúbicos año) de todo el consumo insular- no puede discutirse el interés y el esfuerzo de los particulares en la solución de un problema tan esencial y que en otras regiones con ríos, embalses y mayor pluviometría se resuelven por las administraciones públicas, al menos desde la Ley de Aguas de 1879.

Si a lo largo de los años los puntos de excavación pasaron de 1.520 a 624 como se afirma, ¿qué pasó con las 1.096 galerías y pozos que no producen agua o que nunca la produjeron pese a perforar 5.000 o mas metros en su busca?

Pese a tantos fracasos o frustraciones, aún hoy se sigue perforando e invirtiendo en obtener nuevos caudales o mantener el volumen de los existentes. La iniciativa privada, en ningún momento ha perdido interés en continuar con su actividad, en línea con su contribución desde los principios de la historia de las Islas, y de forma más intensa en estos últimos cien años, de manera eficaz y sostenible. En este punto no podemos estar de acuerdo con el Vice-Presidente del CIATF.

Sin  embargo, nuestra institución está de acuerdo con la mención que se hace de la penosidad de los trabajos en galerías y pozos, de la necesidad de implementar las inversiones, maquinarias y medidas de seguridad según se perfora o profundiza, del incremento de costes por presencia de gases mefíticos o anhídrido carbónico, y cierta es la conclusión a que llega de que «todos estos condicionantes han provocado que se encarezca el trabajo en el interior de las galerías.» 

La Cámara de Aguas participa de su afirmación de que «el agua subterránea es básica en Tenerife y que actualmente el 84%» de los recursos que se consumen son de origen subterráneo» y el resto de desalación y reutilización de aguas residuales. Admitido todo esto, porque es cierto,  se aprecian otras razones de insatisfacción en las Comunidades de Aguas y partícipes, que el señor Consejero no ha citado, pero que merecen particular consideración:

-Lo que fue un derecho de propiedad a perpetuidad del alumbrador sobre las aguas alumbradas, la Ley Nacional de Aguas/1985 y en ejecución de la misma la vigente Ley Territorial 12/1990, de 26 de julio, lo convirtió en un uso o disfrute transitorio de los caudales alumbrados o por alumbrar que se acaba en 2040, a partir de cuyo momento todas las aguas serán efectivamente públicas, pues aunque existe la posibilidad de obtener una concesión, están en el vacío los términos de ésta que, como toda concesión dependerá de la discrecionalidad de la parte concedente.

-No es satisfactoria la actividad que despliega el Consejo para resolver las peticiones que se le formulan por las Comunidades en expediente de diversa índole de los que aquél deba conocer (autorizaciones para recuperar caudales, rigor en la aplicación de los nuevos y más restrictivos criterios del planeamiento hidrológico, etc.).

-Intervención de otras administraciones en materia medioambiental que tardan tanto tiempo en resolverse, que cuando se supera el problema de esta naturaleza se ha caducado o vencido el periodo concedido para ejecutar las obras y ha de reiniciarse el proceso.

-El silencio administrativo negativo en toda la materia de aguas deja inermes a los administrados, que nada pueden hacer mientras no se dicta resolución, que suele superar el periodo para resolver.

-La propia actividad del Consejo en la desalación y reutilización de las aguas residuales y el próximo incremento de unas y otras, sólo a criterio de la Administración, constituyen de alguna forma, una amenaza sobre el status que ha venido manteniéndose por muchos años. Actividades contra las que no está la Cámara de Aguas, aunque ha pedido al Consejo que el desarrollo de las mismas, especialmente las desaladas, no repercuta negativamente sobre las aguas privadas en explotación.

La Cámara de Aguas de Tenerife, estima que el sector es estratégico, y que como tal debería contar con el apoyo explícito y las garantías suficientes para que siga siendo viable invertir en el mismo con la debida implicación de las administraciones públicas para facilitar esta actividad, desde el punto de vista de garantizar posibles inversiones a futuro por medio del marco legislativo correspondiente, desde el punto de vista fiscal, hasta la concesión de ayudas acordes a la importancia de la actividad que el sector presta en la satisfacción de una necesidad esencial.

Desde la Cámara de Aguas de Tenerife,  se viene pidiendo un plan urgente de saneamiento y depuración para Tenerife, que sumado a medidas para erradicar las pérdidas de agua de las redes de abastecimiento público (recordar que hay un amplia extensión de redes municipales que pierden mucho más del 50% del agua distribuida) y contando con la producción subterránea de agua haría innecesario el funcionamiento de las desaladoras.

Desde la perspectiva medioambiental, el consumo de electricidad en un pozo de agua es de, un promedio 1 kW/h por cada m3. Las galerías no tienen consumo eléctrico porque el agua sale por gravedad. Depurar consume 1 kW/h por cada m3, mientras que desalar consume 5 kW/h por cada m3. Es decir, si se repararan las pérdidas en las redes de abastecimiento municipal y se estimulara la producción de agua residual, no serían necesarias las desaladoras que están funcionando, ni las que están en proyecto, ni las que entrarán en funcionamiento próximamente.

Además hay que considerar los efectos ambientales, ya que el mayor consumo eléctrico supone unas mayores emisiones de CO2, tanto por la producción de agua desalada como por la elevación de ese agua hasta los depósitos municipales para su posterior distribución.

Si se depuraran los 120.000 m3/día de agua que se vierten al mar, además de reducir el impacto medioambiental, seria un volumen incorporable en usos agrícolas que harían que la isla se abasteciera en el 100% con agua subterránea. Incluso se podrían parar pozos o permitir que la agricultura que no puede sembrar todo lo que quisiera por falta de agua, produjera sin problemas, mejorando el paisaje y potenciando una actividad muy creadora de empleo.

Por si no fuera suficiente, tenemos que considerar la contaminación. Si cada kW/h de energía eléctrica emite 0’385 kg de CO2, elevar 1 m3 de agua de un pozo emite 0,385 kg de CO2. Depurar 1 m3 emite 0,385 kg de CO2, mientras que desalar 1 m3 emite 1.925, casi 2 kg de CO2. En términos totales, desalar gasta 5 veces más energía y emite 5 veces más CO2 que los recursos provenientes de la iniciativa privada.

No está en el ánimo de la Cámara de Aguas de Tenerife polemizar en medios problemas que deben plantearse y resolverse dentro del órgano adecuado (Consejo Insular de Aguas),  pero dado que el artículo base de estas consideraciones afecta a todas las comunidades, partícipes y propietarios de aguas privadas en periodo de extinción, la Cámara Insular de Aguas de Tenerife, en el obligado ejercicio de sus obligaciones, expone razonamientos que analizados fríamente, ponen de relieve, de una parte, que el sector no ha caído en ninguna situación de dejación o abandono de sus instalaciones, que sigue invirtiendo en aquellas obras de previsible rentabilidad y fundamentalmente, en el mantenimiento de unos caudales esenciales para la supervivencia de los seres humanos y sectores económicos de esta Isla.

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