Más transparentes, pero… | Salvador García Llanos

Ago 12, 2017 Sin comentarios por
Las entidades locales han optado de forma mayoritaria por disponer de un sitio o portal específico de transparencia. Esta es una de las conclusiones del estudio llevado a cabo por la Federación Española de Municipios (FEMP) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) para evaluar lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en materia de publicidad activa. El estudio muestra, en lo concerniente a la forma de ofrecer la información, que una inmensa mayoría de los ayuntamientos ya presenta su información de manera estructurada, aunque también se detectan casos en los que es necesario insistir para cumplir con los requisitos exigidos en la norma.
 
Los datos del estudio son alentadores, reflejan que se ha ido avanzando en este concepto que sí debe ser un elemento sustantivo de una nueva política. Se ha ido extendiendo su valoración, como una exigencia, y eso es de agradecer para concienciar a los responsables públicos de lo que significa para ir contrarrestando, siquiera paulatinamente, ese rechazo que inspira en la sociedad de nuestros días la política, su ejercicio, sus vicios y sus prácticas reprobables. Por tanto, no es solo el cumplimiento de la Ley: es una cuestión que resulta consustancial con el modo de hacer política, con la administración de los recursos y con la gestión de la que hay que dar cuenta para poner a prueba, dicho crudamente, la capacitación.
 
A los ciudadanos hay que conceder facilidades para que manejen las opciones a su disposición a la hora de saber cómo actúan los gobernantes, sus fortalezas y sus debilidades. Ahora que la crisis parece superada, los horizontes financieros son contemplados de forma más despejada o con menor escepticismo y muchos responsables municipales empiezan a presumir de cancelaciones anticipadas de deudas y de reducción de tributos, es el momento de hacer ver a la ciudadanía que tiene cauces para ser más sensible con su administración más cercana y hasta para interactuar a poco que tales responsables hagan un mínimo de pedagogía política y fortalezcan así la materia y el espíritu de la transparencia.
 
Por los datos del estudio de la FEMP y del CTBG, por los avances que se van apreciando y por las prácticas que se van extendiendo, no se entienden entonces esas informaciones en las que se denuncia el oscurantismo, las negativas o la tardanza y la indisponibilidad de la documentación que se solicita por parte de grupos o ediles de la oposición. En ese sentido, el propio informe alude a existencia en las entidades locales de una unidad específica para resolver las demandas de información. Los resultados muestran que no es frecuente (23,71 %) en ayuntamienos menores de setenta y cinco mil habitantes, que ronda el 50 % para los grandes y que sí existen tales órganos (60 %) en el caso de diputaciones, cabildos y consejos. 
En definitiva, para mejorar los índices y la práctica de la transparencia, se trata de cultivar la formación en todos los niveles, político, directivo y técnico. Hay que desarrollar criterios homogéneos para el seguimiento y la evaluación de las leyes específicas, así como asesorar adecuadamente a las entidades locales. Y por supuesto, aunque se nos reproche la reiteración, hay que sensibilizar a la sociedad sobre su derecho a saber y estar informada y sobre sus facultades en materia de transparencia.
FIRMAS, Salvador García

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