FIRMAS Francisco Pomares

A babor | La venganza de Plasencia | Francisco Pomares

Más de una década después de empezar los trabajos para la puesta en marcha del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife, la herencia urbanística de la etapa Zerolo parece tocar fondo de nuevo. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha anulado el Plan General aprobado en julio de 2013 por la Cotmac, fundamentalmente por no contar con procedimiento de evaluación ambiental. Después de una década de tormentoso recorrido legislativo, con todos los ojos de los vecinos de Santa Cruz sobre cada uno de los aspectos del plan; después de cientos de miles de euros pagados a arquitectos y asesores; después de cientos de técnicos revisando uno a uno todos los legajos del proyecto hasta el último folio; después de decenas de abogados buscándole las tres patas al gato en el fuera de ordenación (y haciendo de paso su propio Agosto); después de un agotador y accidentado recorrido por los vericuetos y meandros de media docena de consejos, comisiones, plenos, órganos e instituciones; después de haber sido destripado íntimamente por partidos, sindicatos, organizaciones de comerciantes, colegios profesionales, asociaciones de vecinos, plataformas ciudadanas, y millares de chicharreros cabreados; después -en fin- de que la sagrada e infalible Cotmac le diera por fin su «nihil obstat»… resulta que un juzgado de provincias descubre algo de lo que nadie se dio cuenta: que faltaba un documento para poder evaluar el impacto ambiental. Por cierto, que la Sala no ha dicho nada, pero también falta otro documento para evaluar la adaptación del plan a las políticas de género. Y no es coña. Ya son varios los planes de ordenación que los jueces se han cargado por ahí porque no contemplan la evaluación desde el punto de vista de género…

El plan había recibido una quincena de recursos contra su aprobación definitiva, sorteados por el Ayuntamiento hasta que el miércoles se comunicó a la alcaldía la anulación por carecer del documento de Evaluación Ambiental Estratégica, carencia que fue admitida en su día por la Cotmac. El recurso que anula el plan fue presentado por Puzolana y Áridos de Tenerife, una empresa de Antonio Plasencia, que había recurrido en primera instancia algo tan pedestre como el cambio de uso de la parcela del Hospital de la Candelaria destinada a aparcamiento. Ese recurso fue inicialmente rechazado, pero los abogados de Plasencia recurrieron ante la sala con el argumento -ahora admitido- de que la falta de evaluación ambiental anula el plan. El mismo argumento que tumbó los planeamientos de El Rosario y Arona, y que ha servido -al decir de los maliciosos- para sostener la venganza de Plasencia contra el Ayuntamiento y Bermúdez.

Fábulas aparte, la sentencia no es firme ni aplicable hasta serlo, y va a ser recurrida en casación ante el Supremo. El consistorio afirma -y no miente- que ha ganado hasta ahora todos los recursos que ha presentado defendiendo la legalidad del plan y pide prudencia y confianza. Pero el mal está hecho: en la práctica, se abre una situación de enorme incertidumbre que sin duda provocará la paralización de los planeamientos especiales sobre Las Teresitas o el Parque Marítimo que cuelgan del Plan General y frenará la concesión de licencias para proyectos particulares. Con Cotmac o sin ella, lo cierto es que el planeamiento del suelo y el territorio se ha convertido en las islas en un pantano intransitable.

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